La Justicia frenó el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas: qué ordenó y por qué exige evaluar su impacto ambiental
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que suspende las obras vinculadas al desarrollo offshore de Sea Lion. La resolución alcanza a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y establece que el proyecto deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender las obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas y dispuso que se realice una evaluación de impacto ambiental antes de que puedan avanzar las actividades alcanzadas por la medida.
La decisión fue adoptada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La resolución involucra a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, responsables del emprendimiento offshore. El fallo aclara que se trata de una medida cautelar y que no constituye una definición sobre el fondo de la causa ni implica que haya quedado acreditado un daño ambiental.
Proyecto Sea Lion: qué decidió la Justicia
La magistrada ordenó a las compañías abstenerse de iniciar o continuar actos materiales vinculados con el desarrollo de Sea Lion hasta que se tramite el procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente, salvo que el propio juzgado disponga una modificación de la medida.
La suspensión comprende las perforaciones del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, el tendido de conductos y sistemas de conducción, las estructuras de fondeo y la puesta en funcionamiento de unidades flotantes destinadas a la producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos.
También quedan alcanzadas las obras terrestres y portuarias asociadas al emprendimiento, como instalaciones logísticas, plantas de lodos y cemento, depósitos de productos químicos y otra infraestructura de apoyo.
Por qué la jueza ordenó realizar una evaluación de impacto ambiental
Uno de los principales argumentos de la resolución está relacionado con la ausencia de un procedimiento de evaluación ambiental ante organismos argentinos.
Según la información incorporada al expediente, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente informó que no se había iniciado un aviso de proyecto ni un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental respecto de las empresas involucradas.
Para Borruto, ese punto resulta relevante porque la legislación ambiental argentina contempla una evaluación previa para actividades que puedan generar una degradación significativa del ambiente.
La jueza remarcó que la decisión no supone afirmar que el proyecto necesariamente provocará un daño. El eje de la cautelar es preventivo: determinar previamente cuáles pueden ser los impactos y qué medidas deberían adoptarse para evitarlos o mitigarlos.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, declaró la competencia de ese juzgado para intervenir en la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
Qué es Sea Lion y dónde está ubicado
Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago.
El desarrollo es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. De acuerdo a lo obrante en el expediente, contempla un desarrollo de gran escala con perforaciones, infraestructura submarina y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
La iniciativa también prevé instalaciones terrestres y portuarias destinadas a brindar soporte a las operaciones offshore.
El proyecto se encuentra atravesado por el histórico reclamo de soberanía de Argentina al Reino Unido. Las autoridades argentinas sostienen que la explotación de recursos naturales en las áreas en disputa requiere autorización nacional, las empresas cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y sostienen la validez de esos permisos.
Los riesgos ambientales que analiza la Justicia
En el expediente fueron planteados distintos riesgos potenciales asociados al desarrollo petrolero, entre ellos modificaciones del lecho marino, ruido submarino, tránsito de embarcaciones, descargas operativas, emisiones y eventuales derrames de hidrocarburos.
La resolución considera que, por las características y dimensiones del emprendimiento, existe una actividad susceptible de producir modificaciones ambientales relevantes y que, por esa razón, corresponde aplicar un criterio preventivo.
La magistrada también tuvo en cuenta el avance que habría alcanzado el proyecto. Entre otros elementos, la causa incorpora referencias a una decisión final de inversión adoptada en diciembre de 2025, contratos vinculados con una unidad flotante de producción y equipos de perforación, además de trabajos de adaptación de infraestructura.
Qué deberán informar Rockhopper y Navitas
Además de suspender las obras, el juzgado estableció que las compañías deberán presentar información sobre el estado del proyecto.
Entre los datos solicitados figuran el cronograma de construcción y perforación, la situación de los pozos, los equipos contratados, los contratistas y subcontratistas, la estructura societaria y el esquema de financiamiento.
También deberán aportar información sobre estudios ambientales, análisis de riesgos, eventuales modelizaciones de derrames, planes de contingencia, aseguradoras y entidades financieras vinculadas con el emprendimiento.
Las empresas deberán preservar, además, la documentación técnica, contractual, financiera y ambiental relacionada con Sea Lion.
La dimensión política y la disputa por la soberanía de Malvinas
El expediente judicial también incorpora una dimensión vinculada con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
La presentación que dio origen a la causa fue realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). , que plantearon conjuntamente argumentos ambientales y relacionados con la soberanía.
Miientras tanto, el Gobierno nacional impulsa nuevas medidas legislativas para endurecer las sanciones contra compañías que participen en operaciones hidrocarburíferas en las áreas que Argentina considera bajo disputa de soberanía.
La medida cautelar no resuelve el fondo de la causa
La resolución de la jueza Borruto no constituye todavía una sentencia definitiva sobre la legalidad del proyecto Sea Lion.
La propia decisión establece que la medida puede ser mantenida, modificada, ampliada o dejada sin efecto, acorde a cómo avance el expediente y se incorporen nuevos elementos.
Por ahora, el efecto concreto es la suspensión de las obras alcanzadas por la cautelar y la exigencia de que se tramite una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas.
