El RIGI resignaría US$ 8.493 millones en impuestos y abre un debate sobre su costo fiscal
Un informe de Eco Go estimó el costo tributario de los 23 proyectos aprobados y calculó que el 32,7% de la inversión debe ser adicional para compensar los beneficios fiscales otorgados.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) volvió al centro del debate económico tras un informe de la consultora Eco Go, que estimó en US$ 8.493 millones los impuestos que el Estado argentino dejaría de recaudar por los beneficios concedidos a los 23 proyectos aprobados. El monto está calculado a valor presente y equivale al 25% de la inversión computable comprometida.
El trabajo, elaborado por la consultora que dirigen Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, analiza el impacto tributario del régimen, la mejora de rentabilidad para las empresas y la distribución de los costos entre el Gobierno nacional y las provincias.
La discusión pasa por determinar cuánto cuesta atraer esos capitales, qué proporción de las inversiones depende efectivamente de los incentivos y quién absorbe el costo de las ventajas impositivas.
Hay US$ 209.247 millones en inversiones anunciadas, pero 23 proyectos aprobados
Al 1 de octubre de 2026, el RIGI contaba con 23 proyectos aprobados, con inversiones comprometidas por US$ 39.429 millones y un capital computable de US$ 33.837 millones.
Al sumar las iniciativas en evaluación y otros emprendimientos anunciados oficialmente, el volumen de inversiones informado asciende a US$ 209.247 millones. Sin embargo, esos proyectos tienen distintos grados de avance administrativo y no todos cuentan con información suficiente para evaluar su viabilidad, sus plazos de ejecución o su impacto fiscal.
Para estimar el costo del régimen, Eco Go reconstruyó los flujos financieros de los proyectos aprobados a partir de las inversiones declaradas, las capacidades productivas, los precios de referencia, los márgenes sectoriales y los plazos previstos de puesta en marcha.
El análisis compara los resultados que tendrían los emprendimientos bajo el sistema tributario general con los que obtienen mediante los beneficios específicos del RIGI.
Cómo los beneficios fiscales mejoran la rentabilidad de las empresas
Según el informe, los incentivos incrementan en US$ 8.493 millones el valor actual neto (VAN) de los proyectos y elevan la tasa interna de retorno (TIR) del 10,6% al 13,4%.
Entre los beneficios contemplados se encuentran la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25%, las amortizaciones aceleradas, las ventajas vinculadas con los derechos de exportación y el tratamiento preferencial para determinadas importaciones y operaciones financieras.
Para las empresas, estas condiciones mejoran la rentabilidad esperada y reducen el tiempo necesario para recuperar el capital invertido. Para el Estado, representan ingresos tributarios que dejaría de percibir frente al escenario en el que las mismas inversiones se desarrollaran bajo el régimen general.
De acuerdo con Eco Go, el beneficio fiscal equivale aproximadamente al 32% de la recaudación potencial que se obtendría sin los incentivos.
El costo fiscal podría alcanzar los US$ 1.600 millones anuales en 2035
El sacrificio fiscal no se produciría de manera inmediata, sino que aumentaría a medida que los proyectos entren en operación y comiencen a generar actividad económica.
Las proyecciones del informe sitúan el costo anual en un máximo cercano a US$ 1.600 millones en 2035, equivalente al 0,25% del Producto Interno Bruto (PIB).
La estimación plantea un interrogante para el programa económico del Gobierno de Javier Milei, que tiene el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público entre sus principales objetivos.
Mientras la mayoría de las actividades productivas tributa bajo el régimen general, los grandes proyectos incluidos en el RIGI acceden a condiciones impositivas más favorables. La discusión consiste en establecer si las inversiones adicionales y la actividad económica que generan compensarán los ingresos fiscales resignados.
El 32,7% de la inversión debe ser adicional para compensar el costo
Uno de los principales aportes del estudio es la distinción entre el gasto tributario y el costo fiscal neto. La diferencia depende de si las inversiones se concretarían de todos modos o si necesitan los incentivos del RIGI para llevarse adelante.
Si un proyecto existe exclusivamente gracias al régimen, la actividad y la recaudación asociadas no se habrían generado sin esos beneficios. En cambio, si la inversión se hubiera realizado igualmente, las ventajas fiscales representan ingresos resignados sin una inversión adicional que los compense.
Eco Go estima que los 23 proyectos generarían US$ 17.499 millones de recaudación a valor presente bajo el RIGI, frente a los US$ 8.493 millones de beneficios tributarios concedidos respecto del régimen general.
A partir de esa relación, el informe establece un punto de equilibrio fiscal: el 32,7% de la inversión debe ser genuinamente adicional para que la recaudación asociada compense los impuestos resignados.
En términos prácticos, aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos tendría que corresponder a proyectos o desembolsos que no se habrían concretado sin los incentivos.
Si la adicionalidad supera ese umbral, el balance fiscal neto sería positivo bajo los supuestos del modelo. Si queda por debajo, el Estado terminaría resignando recursos frente al escenario de inversiones realizadas sin el régimen.
La principal incógnita es cuántos proyectos dependen realmente de los beneficios, especialmente en sectores como hidrocarburos y minería, donde la disponibilidad de recursos naturales también constituye un incentivo para invertir.
La Nación asume una proporción mayor del costo que las provincias
El informe también identifica una distribución desigual del costo fiscal entre los distintos niveles del Estado. De los US$ 8.493 millones estimados, aproximadamente US$ 6.231 millones corresponden a recursos que dejaría de percibir la Nación.
La diferencia responde a la estructura de los impuestos alcanzados por el régimen, entre ellos los derechos de exportación, los aranceles de importación y otros tributos nacionales.
Las provincias donde se desarrollan los proyectos, en cambio, conservan ingresos asociados a regalías y tributos propios, además de su participación en los recursos coparticipables.
Según las estimaciones, para compensar el costo de los incentivos, la Nación necesita que el 38,5% de la inversión sea adicional, mientras que las provincias receptoras requieren un nivel de adicionalidad del 17,7%.
La diferencia refleja que el Estado nacional soporta una parte proporcionalmente mayor del costo, mientras que las jurisdicciones productoras pueden recibir ingresos vinculados con la actividad sin resignar una proporción equivalente de recursos.
Con más proyectos, aumenta la presión fiscal sobre la Nación
Eco Go amplió su análisis a un universo de 39 proyectos, mediante parámetros sectoriales para estimar el comportamiento de iniciativas que todavía no cuentan con información suficiente para una evaluación individual.
En ese escenario, el beneficio fiscal total asciende a US$ 24.175 millones a valor presente, mientras que la recaudación estimada bajo el RIGI alcanza los US$ 50.542 millones.
El punto de equilibrio fiscal consolidado se mantiene prácticamente estable, con una adicionalidad requerida del 32,4%. Sin embargo, la distribución del costo entre la Nación y las provincias se vuelve más desigual.
Para el Gobierno nacional, la proporción de inversión adicional necesaria para compensar los beneficios aumenta del 38,5% al 44,4%. En las provincias receptoras, en cambio, disminuye del 17,7% al 13,7%.
El informe vincula esta diferencia con el mayor peso de los proyectos hidrocarburíferos en la cartera ampliada. En esas actividades, una parte importante de los beneficios tributarios afecta los recursos nacionales, mientras que las regalías permanecen en las provincias productoras.
El debate sobre el empleo y los proveedores nacionales
El análisis fiscal no agota la discusión sobre el RIGI. Otra cuestión central es cuánto contribuyen los proyectos a generar empleo, incorporar proveedores locales, desarrollar infraestructura y ampliar las cadenas de valor de la economía argentina.
Los emprendimientos pueden impulsar las exportaciones y atraer capitales, pero esos resultados no garantizan por sí solos que los beneficios se extiendan al resto del entramado productivo.
El riesgo señalado en el debate es que se consoliden grandes proyectos exportadores con alta rentabilidad, pero con una integración limitada con la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas y el empleo local.
El resultado también dependerá de variables como los precios internacionales de las materias primas, los márgenes de rentabilidad, los plazos de ejecución y las tasas utilizadas para descontar los flujos futuros.
El informe no concluye que el RIGI sea necesariamente perjudicial para las cuentas públicas. Su planteo es que la conveniencia fiscal depende de cuánta inversión adicional genere efectivamente el régimen.
Por eso, la evaluación no debería limitarse al volumen de capital anunciado: también deberá determinar qué inversiones no se habrían realizado sin los incentivos, cuánto recauda finalmente el Estado y qué parte de la riqueza generada permanece en la economía argentina.
