Santa Cruz pone en marcha la nueva Ley de Promoción Industrial: incentivos fiscales y apuesta total al empleo local
El gobernador Claudio Vidal encabezó la presentación del renovado régimen de incentivos económicos en el predio “Santa Cruz Puede”. La normativa ofrece estabilidad fiscal y exenciones, condicionadas a la ejecución real de capitales privados para diversificar la matriz productiva de la provincia.
Con el objetivo de potenciar el desarrollo económico y dejar atrás años de dependencia extractiva sin valor agregado, el Gobierno de Santa Cruz formalizó la puesta en marcha de la actualizada Ley de Promoción Industrial. Durante un acto desarrollado en el predio Santa Cruz Puede, el gobernador Claudio Vidal sostuvo que la herramienta marcará un punto de inflexión para el territorio.
“Santa Cruz, siempre lo dije, es una tierra de oportunidades. Había que darle otra impronta, había que tener una mirada más productiva”, afirmó el mandatario ante referentes empresariales y políticos, remarcando que la prioridad absoluta es transformar los recursos naturales en trabajo genuino.
La normativa —que actualiza los marcos previos mediante la Ley N° 4011— incorpora sectores clave como las energías renovables, la economía del conocimiento y los servicios tecnológicos. Asimismo, contempla beneficios estratégicos como estabilidad fiscal, exenciones tributarias y reducciones en los costos de servicios.
Reglas claras: el incentivo atado al cumplimiento efectivo
Uno de los aspectos más destacados por el equipo económico provincial es el mecanismo de blindaje contra la especulación. Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria aclararon que los beneficios impositivos no se otorgan por meras declaraciones juradas, sino que se efectivizan una vez que la empresa inversora acredita el cumplimiento del 80 % del compromiso asumido.
“No está hecho para vivos, está hecho para la gente que realmente cree en la provincia de Santa Cruz y se anima a los desafíos que les estamos dando hoy”, sentenció Vidal, respaldado por un plazo estipulado de hasta 60 días para la evaluación y aprobación de los proyectos presentados por el sector privado.
Sustitución de importaciones y diversificación productiva
La estrategia oficial apunta a que los grandes sectores tractores de la economía —como la minería y los hidrocarburos— consuman insumos fabricados dentro de los límites provinciales, reduciendo la compra de bienes a otras jurisdicciones.
Como ejemplo del impacto laboral de esta política, el Ejecutivo detalló que la radicación proyectada de una planta de peróxido de hidrógeno generará entre 80 y 90 puestos de trabajo directo. Este esquema se complementa con los avances logrados en materia pesquera —gracias a la reactivación de plantas en Caleta Olivia, Puerto Deseado y Puerto San Julián— y el impulso a campañas agrícolas orientadas a la siembra de cereales y oleaginosas.
Control estricto de la Ley 90/10 y defensa del empleo santacruceño
En el plano laboral, el gobernador fue categórico al vincular la llegada de nuevas inversiones con la obligatoriedad de proteger la mano de obra local. En este sentido, anunció que se duplicarán los controles e inspecciones sobre las operadoras y contratistas que actúan en los yacimientos.
“La Ley 90/10 se tiene que respetar, y el que no se adapte a este esquema provincial no tendrá oportunidad en Santa Cruz. Yo defiendo primero los puestos de trabajo de Santa Cruz”, concluyó Vidal, en un mensaje que combinó la apertura al capital privado con la firmeza en la regulación interna.
