Camuzzi sumará cargos en las facturas de gas para recuperar $56.493 millones por obras en la Patagonia
El recargo alcanzará a más de 126.000 usuarios de Río Negro, Neuquén y Chubut. Los fondos permitirán devolver los créditos utilizados para completar las plantas compresoras del Sistema Cordillerano-Patagónico.
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) autorizó a Camuzzi Gas del Sur a incorporar cargos específicos en las facturas de gas para financiar la devolución de los préstamos utilizados en la ampliación del Sistema Cordillerano-Patagónico.
La medida, establecida mediante la Resolución 919/2026, publicada el 6 de noviembre en el Boletín Oficial, alcanzará a 126.711 usuarios de 25 localidades de Río Negro, Neuquén y Chubut. El mecanismo apunta a recuperar una obligación financiera proyectada en $56.493 millones.
Los recursos se destinarán a cancelar los créditos otorgados por el Banco del Chubut y el Banco Provincia del Neuquén para completar la instalación, el montaje y la puesta en funcionamiento de las plantas compresoras de Río Senguer y Gobernador Costa, en Chubut.
Estas instalaciones forman parte de las obras de repotenciación del sistema de transporte de gas natural, destinadas a mejorar el abastecimiento en distintas localidades cordilleranas y permitir nuevas conexiones.
En Río Negro, el esquema comprende a San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Ñorquinco y El Bolsón.
Cuánto pagará cada categoría de usuario
El cargo se calculó inicialmente tomando como referencia el 35% del componente fijo vigente para cada categoría tarifaria. Esto no implica un aumento del 35% sobre el total de la factura, sino la incorporación de un concepto adicional cuyo importe dependerá del tipo de usuario.
Para los hogares de la categoría residencial R1, el recargo inicial será de $3.506,90. En el caso de comercios y pequeñas y medianas empresas de las categorías SGP1 y SGP2, el importe para la subzona Cordillerano Chubut y Río Negro será de $5.924,10, mientras que los usuarios SGP3 deberán abonar $23.837,82.
Los grandes consumidores tendrán cargos superiores, determinados según su clasificación tarifaria.
El organismo regulador aclaró que los valores podrán modificarse en función de la evolución de las tasas de interés, los resultados de las auditorías de las obras y la incorporación de nuevos usuarios al sistema.
La deuda proyectada supera los $56.000 millones
Uno de los puntos centrales de la resolución es la diferencia entre el capital originalmente prestado y el monto total que se prevé recuperar mediante las facturas.
Los créditos iniciales de las dos entidades bancarias provinciales sumaron $24.800 millones, distribuidos en partes iguales. Posteriormente, ambos bancos autorizaron ampliaciones de $500 millones cada uno, por lo que el capital financiado llegó a $25.800 millones.
Sin embargo, la proyección financiera establece una necesidad total de $56.493 millones para cancelar las obligaciones. El cálculo incluye el capital, los intereses acumulados durante el período de gracia, los intereses de la devolución, los impuestos y los gastos asociados al fideicomiso encargado de administrar los fondos.
El esquema contempla una tasa variable vinculada a la BADLAR más 3,5 puntos porcentuales nominales anuales y un sistema de amortización de 48 cuotas mensuales. La proyección utilizada por el organismo regulador considera la posibilidad de cancelar anticipadamente las obligaciones en agosto de 2030.
La resolución aclara que los $56.493 millones no representan el costo físico de las obras, sino el monto estimado para atender el financiamiento y sus gastos asociados. El costo definitivo de las instalaciones quedará sujeto a una auditoría económica y financiera de cierre.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, el mecanismo permitirá recaudar alrededor de $1.240 millones mensuales, destinados a garantizar la devolución de los créditos.
Los cuestionamientos de organismos y sectores comerciales
Durante el procedimiento de consulta pública, la Defensoría del Pueblo de Río Negro presentó observaciones sobre la aplicación del cargo y sus posibles consecuencias para los usuarios.
El organismo consideró que, por la magnitud de la medida, hubiera sido conveniente realizar una audiencia pública y reclamó mayores mecanismos de información para las localidades con dificultades de conectividad. También planteó la necesidad de evaluar el impacto económico sobre los hogares y garantizar criterios de razonabilidad, gradualidad y previsibilidad.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes solicitó precisiones sobre la estructura financiera, la distribución de los costos y los mecanismos para evitar que las inversiones fueran reconocidas nuevamente a través de otros componentes tarifarios.
El ENReGE respondió a las presentaciones y ratificó la implementación del mecanismo, aunque estableció obligaciones de seguimiento y transparencia. Camuzzi deberá publicar y actualizar cada dos meses información sobre los importes recaudados, la deuda pendiente, los intereses devengados, las nuevas conexiones y la fecha estimada de cancelación de los préstamos.
Además, las instalaciones financiadas mediante este esquema deberán incorporarse a la contabilidad de la distribuidora a valor cero, con el objetivo de evitar que generen una rentabilidad adicional para la empresa.
Con la aprobación del mecanismo de recupero, la ampliación del Sistema Cordillerano-Patagónico ingresa en una nueva etapa, centrada en la devolución de los recursos utilizados para completar las obras. Para los usuarios alcanzados, esto se traducirá en un cargo adicional en las facturas, sujeto a las revisiones financieras y a los controles previstos por el organismo regulador.
