Juicio a la expropiación de YPF: Qué embargos puede haber contra la Argentina

Sin negociaciones abiertas entre el país y los demandantes, la última decisión judicial deja a la Argentina al borde un embargo. La última vez que pasó esto fue en 2014. El fondo Budford, que se quedó con el litigio por la expropiación de sus acciones del Grupo Eskenazi, ofrece dos alternativas de pago.

Burford Capital ganó el juicio por la expropiación de YPF y logró una sentencia a su favor por USD 16 mil millones a los que la Argentina quedó obligada a pagar, tras la sentencia de la jueza de Nueva York, Loretta Preska.

El fondo acudió el jueves pasado a los estrados judiciales para informar que no ha logrado abrir un canal de negociación que había sido propuesto por la Jueza y pidió su mediación en ese sentido. Acudió con dos alternativas para que la Argentina honre la deuda:

La primera: quedarse con el 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF. Y eventualmente, tener participación en Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. La segunda: acordar un monto de cancelación y que la Argentina emita un bono, con garantía de las operaciones en Vaca Muerta. A cambio, de prosperar algunas de las dos alternativas, Burford levantaría la demanda.

Decisión

El jueves pasado Burford Capital se presentó nuevamente ante Preska en una audiencia programada para que el demandante muestre ante la jueza los argumentos por los cuales la magistrada del tribunal del Segundo Distrito Sur debe avanzar en los embargos al 51% de las acciones que el país mantiene en YPF y las operaciones financieras que realice el BCRA en Wall Street. Tanto la petrolera como la entidad están a punto de ser declaradas oficialmente como “álter ego” de la Argentina (actúan bajo acción, omisión y decisión del gobierno argentino), con lo cual permitiría avanzar en embargos efectivos.

De hacerlo el cimbronazo sería mayúsculo, no sólo para el Gobierno de Javier Milei, sino también para las Provincias que, por efecto de la ley de Expropiación son dueñas de la mitad del paquete accionario estatal, aunque no posean en forma efectiva las mismas.

Redaccion

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