Productores santacruceños fueron a la Justicia para frenar la entrada de carne con hueso
La acción de amparo pide una medida cautelar urgente para que se frene la aplicación de la Resolución del SENASA que lo habilita. También enviaron una Carta Documento al organismo sanitario.
*Por Irene Stur
La tensión en el sector agropecuario de la Patagonia se intensifica a raíz de la reciente presentación judicial de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), que busca frenar la entrada de carne con hueso en la región. La acción de amparo, presentada este viernes en el Juzgado Federal de Río Gallegos, apunta contra la Resolución 460/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que flexibiliza los requisitos sanitarios para la comercialización de carne en la Patagonia, una medida que los productores consideran perjudicial para la economía regional y la sanidad animal.
La medida judicial: un intento de frenar la flexibilización sanitaria
La FIAS, principal representante del sector productivo santacruceño, argumenta que la resolución del SENASA viola derechos constitucionales y pone en riesgo la sanidad y el estatus sanitario de la región. En su presentación, respaldada por el abogado Ricardo Aníbal Julián, la organización solicita la nulidad de la resolución y una medida cautelar urgente para suspender sus efectos, advirtiendo que su continuidad podría ocasionar daños irreparables.
El eje central de la acción judicial radica en que la resolución 460/2025, que permite el ingreso de carne con hueso en la Patagonia, se basa en fundamentos falsos y carece de respaldo técnico y legal. La FIAS denuncia que el SENASA afirmó que organismos internacionales, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile y la Unión Europea, han aprobado la flexibilización. Sin embargo, la organización productiva sostiene que esta afirmación es falsa y que, en realidad, Chile advirtió que la pérdida del reconocimiento sanitario de la Patagonia sería automática con la implementación de la medida.
Falsedad y omisiones en la resolución del SENASA
Según la presentación judicial, la resolución 460/2025 incurre en una “falsedad manifiesta” en sus fundamentos. La FIAS cita comunicaciones oficiales del SAG de Chile, fechadas el 4 de julio pasado, en las que se advierte que la flexibilización podría provocar la pérdida del reconocimiento sanitario de la Patagonia como zona libre de aftosa sin vacunación. Además, la Unión Europea indicó que realizaría una auditoría de seguimiento para verificar las garantías zoosanitarias de la región, lo que contradice la afirmación de que la medida había sido aprobada por estos organismos.
Por otro lado, la organización denuncia que la resolución del SENASA fue adoptada sin cumplir con procedimientos legales esenciales, como la consulta pública previa, prevista en la ley 27.742, y sin realizar una evaluación de impacto ambiental conforme a la ley 25.675. Esto, aseguran, viola derechos constitucionales y vulnera el debido proceso administrativo, afectando derechos adquiridos y el patrimonio de los productores.
Impacto económico y ambiental: un riesgo para la Patagonia
Los productores santacruceños argumentan que la aprobación de la flexibilización no solo atenta contra su patrimonio, sino que también pone en riesgo el ecosistema y la salud pública de la región. La Patagonia ha logrado un estatus sanitario superior, que ha sido construido tras décadas de inversiones y cumplimiento de protocolos internacionales, permitiendo exportar carne de alta calidad sin restricciones sanitarias.
La entrada de carne con hueso, según advierten, puede facilitar la transmisión de enfermedades y comprometer estos logros sanitarios. Además, la pérdida del reconocimiento sanitario podría afectar las exportaciones y la economía regional, que depende en gran medida de la calidad y seguridad de sus productos.
La respuesta del sector y las próximas acciones judiciales
Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, lidera la defensa de los productores en esta batalla legal. La organización solicita al juez que dicte una medida cautelar de suspensión inmediata de la resolución, argumentando que su mantenimiento puede ocasionar daños irreparables y afectar la economía local.
Asimismo, la FIAS exige que el SENASA se abstenga de dictar resoluciones similares sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes, advirtiendo que de persistir estas acciones, se pondrá en riesgo la salud sanitaria, ambiental y económica de la Patagonia.
Repercusiones y contexto regional
Este conflicto no es aislado. La Sociedad Rural de Río Negro y productores de Neuquén también han presentado acciones similares contra la flexibilización, evidenciando un rechazo unánime en la región a la medida del SENASA. La tensión refleja el enfrentamiento entre las políticas sanitarias nacionales y las preocupaciones de los productores que temen perder su estatus sanitario y los beneficios asociados.
El debate plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre la apertura comercial y la protección sanitaria, así como la importancia de respetar los procedimientos legales en la toma de decisiones que afectan a toda una región.
Perspectivas futuras
La presentación judicial de la FIAS marca un capítulo clave en la defensa de los intereses de la Patagonia. La resolución del juez será determinante para saber si se mantiene o se suspende la flexibilización del ingreso de carne con hueso, un tema que tiene implicaciones directas en la economía, la salud pública y el medio ambiente de la región.
Mientras tanto, los productores esperan que las autoridades revisen su postura y retomen los procedimientos legales adecuados, priorizando la protección de los logros sanitarios y los derechos constitucionales de los actores productivos.
