Pablo Grasso aseguró que la plata que la Justicia le reclama a Lázaro Baez “están en obra publica en Santa Cruz”
El intendente de Río Gallegos relativizó los hechos de corrupción. Afirmó que la “plata” está en las obras que hizo en Santa Cruz.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, defendió la obra pública realizada durante la gestión del kirchnerismo por el empresario Lázaro Báez y negó que en la capital santacruceña esos proyectos estuvieran vinculados a hechos de corrupción.
En declaraciones a Canal 2 Caleta Videocable, Grasso afirmó: “En Río Gallegos no hubo corrupción. Lo que hubo fueron obras concretas que transformaron la realidad de los vecinos”.
El jefe comunal remarcó que las inversiones ejecutadas durante ese período dejaron una huella tangible: “Mucho se habla de corrupción, pero cuando uno recorre los barrios ve las calles pavimentadas, el alumbrado, las viviendas y las escuelas que se hicieron. Eso es lo que quedó para la gente de Río Gallegos”.
Cuando le preguntaron específicamente por Baez se limitó a decir “está en cana”, y al ser consultado del dinero que se pagó y nadie sabe dónde fue, dijo “lo vemos en la obra pública que hay en toda Santa Cruz”. Asimismo, sostuvo que el debate debe correrse del plano judicial y político para enfocarse en los resultados: “Podemos discutir de política, pero la realidad es que los vecinos siguen utilizando esas obras todos los días. No hubo corrupción en Río Gallegos: hubo trabajo y desarrollo para nuestra comunidad”.
El trasfondo judicial: la condena a Lázaro Báez
Las declaraciones de Grasso llegan en un contexto en el que la figura de Báez continúa siendo tema de debate nacional. En 2021, el empresario fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”. Y a otros seis por la causa Vialidad. La Justicia determinó que a través de Austral Construcciones y otras firmas del grupo, Báez movió alrededor de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015 mediante maniobras financieras ilegales.
Sin embargo, la situación judicial de Báez se centró en operaciones de lavado y sobreprecios en licitaciones a nivel nacional, mientras que en Río Gallegos —según el intendente— las obras se tradujeron en mejoras concretas para la ciudad.
Obra pública y empleo
Grasso defendió además el rol de la obra pública como motor de la economía: “Esas inversiones generaron trabajo, dieron empleo a cientos de familias y aportaron al desarrollo de nuestra ciudad. Ese es el camino que tenemos que seguir”.
De esta manera, el intendente buscó separar la discusión judicial de la mirada local, poniendo el foco en los supuestos beneficios tangibles que las obras dejaron en la capital de Santa Cruz.
