¿Golpe de efecto en la causa YPF? Provincias petroleras piden investigación penal en EE.UU.
Lo harán en Estados Unidos. Quieren que se investigue las condiciones de la compra de acciones por parte del Grupo que sospechan de fraudulenta.
La batalla judicial por YPF en tribunales de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo con una jugada inédita. Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; Chubut, Ignacio Torres; y Santa Cruz, Claudio Vidal, avanzan en una estrategia conjunta para presentar una denuncia penal contra la familia Eskenazi.
El objetivo es claro: que el Departamento de Justicia norteamericano investigue la forma en que el Grupo Petersen ingresó a la petrolera estatal en 2007, operación que hoy se encuentra en el centro del litigio internacional.
De lo civil a lo penal: un giro en la defensa argentina
Hasta ahora, la defensa de la Argentina contra el fallo que obliga a pagar unos USD16.000 millones al fondo Burford Capital se limitaba al ámbito civil y comercial. Sin embargo, los mandatarios provinciales buscan trasladar la disputa al terreno penal en Estados Unidos.
En caso de que se abra una causa penal, explican, el proceso civil que lidera la jueza Loretta Preska podría quedar en suspenso, lo que representaría una ventaja clave para ganar tiempo y reconfigurar la estrategia judicial del país.
Provincias accionistas en movimiento
La avanzada de Cornejo, Torres y Vidal se apoya en la participación que sus distritos tienen en YPF. Tras la expropiación de 2012, las provincias recibieron acciones clase B de la petrolera. Aunque se trata de un paquete minoritario que no otorga control, sí les confiere el estatus de socios.
Desde esa posición, los gobernadores reclaman defender los recursos provinciales, ya que un eventual pago de la sentencia podría comprometer tanto las reservas nacionales como las finanzas de las jurisdicciones petroleras.
El rol del Grupo Petersen y el origen del litigio
La ofensiva apunta directamente al ingreso del Grupo Petersen a YPF, ocurrido a fines de 2007. Según los mandatarios, la operación fue irregular porque se financió con dividendos de la propia compañía y contó con respaldo político de la Casa Rosada.
Ese esquema terminó en la quiebra del grupo y en la posterior adquisición de sus derechos por parte del fondo Burford Capital, que inició el juicio en Nueva York. Si se demostrara la existencia de maniobras fraudulentas en esa compra, se caería la base legal de la demanda.
Silencio en Neuquén y Río Negro
Mientras Cornejo, Torres y Vidal avanzan con decisión, los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, mantienen un perfil bajo.
Ambos distritos son estratégicos en la matriz energética argentina y también cuentan con participación accionaria en YPF. Sin embargo, hasta ahora no definieron si se sumarán a la ofensiva penal. Ese silencio genera malestar entre sus pares, que remarcan la necesidad de una estrategia unificada frente a un fallo que podría afectar severamente las cuentas públicas.
El fallo de Preska y el riesgo para la Argentina
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina por no haber extendido la oferta de compra a todos los accionistas en el marco de la estatización de 2012. La sentencia, basada en la quiebra del Grupo Petersen y la cesión de sus derechos al fondo Burford, abrió un escenario crítico.
Actualmente, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito analiza recursos de la Procuración del Tesoro, que sostiene que la orden de entregar acciones estatales de YPF viola la inmunidad soberana y la propia ley argentina de expropiación.
Posible intervención del FBI
La movida de los gobernadores no solo busca ganar tiempo en la pulseada judicial. También podría abrir un nuevo frente con alcance internacional: una investigación penal que involucre a organismos como el FBI.
Si prospera la ofensiva, se pondría en cuestión la legitimidad del ingreso del Grupo Petersen y, con ello, el andamiaje legal que sustenta el reclamo millonario de Burford Capital.
Lo que viene
Con plazos ajustados y la amenaza de ejecución del fallo, los mandatarios que lideran la avanzada intentan mostrar iniciativa política y proteger los intereses provinciales.
La incógnita ahora pasa por saber si Weretilneck y Figueroa romperán el silencio y se sumarán a la estrategia penal, o si mantendrán distancia en una disputa que podría impactar directamente en las finanzas de sus provincias y en las reservas del país.
