Más de 140 barcos están detenidos en puertos argentinos: qué provocó el conflicto y cómo puede afectar a la economía
La disputa por la desregulación del practicaje y pilotaje paralizó servicios en terminales estratégicas y amenaza con complicar exportaciones, importaciones y distribución de combustibles.
Por qué hay más de 140 barcos demorados
Al menos 140 barcos permanecen detenidos en los accesos a puertos argentinos como consecuencia del conflicto generado por el Decreto 690/2026, que modificó las reglas para los servicios de practicaje y pilotaje en el país.
La norma, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilitó nuevos actores en el sector y estableció precios máximos para el servicio.
En rechazo a los cambios, un amplio grupo de prácticos navales, profesionales que asisten a los capitanes en la navegación por aguas restringidas y accesos portuarios, dejó de aceptar nuevos servicios.
La medida afecta la operatoria de terminales ubicadas en puntos estratégicos como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca y San Lorenzo.
Qué función cumplen los prácticos
Los prácticos tienen la función de asistir a los capitanes de los buques durante el ingreso, egreso y desplazamiento por zonas de navegación compleja.
El perito naval y presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, explicó que se trata de una actividad que requiere una formación y habilitación específica.
Según el especialista, un capitán que no conoce las condiciones particulares de un puerto difícilmente puede ingresar a aguas restringidas sin la asistencia de un práctico, debido al riesgo de colisiones, daños a instalaciones portuarias o accidentes.
Morales remarcó que el conflicto no constituye un paro sindical tradicional, sino una decisión de profesionales autónomos que dejaron de aceptar nuevos servicios debido a las condiciones establecidas por la nueva regulación.
Qué cambió con el Decreto 690/2026
El Gobierno nacional impulsó la modificación del régimen de practicaje y pilotaje como parte de su política de desregulación económica.
El objetivo oficial es ampliar la competencia y reducir costos mediante la incorporación de nuevos prestadores y la regulación de los valores máximos del servicio.
Sin embargo, los profesionales cuestionan el alcance de la medida y sostienen que el nuevo esquema genera mayores restricciones sobre el ejercicio de la actividad.
Morales también rechazó la idea de que eliminar o reducir la participación de los prácticos genere una disminución significativa del costo del transporte marítimo.
Según explicó, el costo del practicaje es asumido por las compañías navieras y forma parte de la estructura general del flete internacional.
El Gobierno busca garantizar la continuidad del servicio
Ante la interrupción de las prestaciones, la Prefectura Naval Argentina comenzó a notificar a los profesionales para exigir el retorno a sus funciones.
Más de 500 prácticos fueron notificados en el marco del operativo desplegado por la fuerza.
El decreto contempla además la posibilidad de que la Armada Argentina o la Prefectura Naval reemplacen a los profesionales en caso de ausencia.
Sin embargo, Morales cuestionó esa alternativa y sostuvo que los oficiales de ambas instituciones no cuentan con la capacitación específica necesaria para desarrollar la función de práctico comercial.
La actividad requiere una formación profesional particular y una habilitación otorgada por el Estado argentino.
Qué puertos están afectados
La demora de buques alcanza a distintos corredores estratégicos del sistema portuario argentino.
Entre los puntos mencionados se encuentran:
- Campana, en el corredor del río Paraná.
- Dock Sud, uno de los principales accesos portuarios del Área Metropolitana.
- Arroyo Seco, en el complejo portuario del Gran Rosario.
- Bahía Blanca, nodo estratégico para cargas y energía.
- San Lorenzo, uno de los principales centros de exportación agroindustrial del país.
La concentración de buques demorados en estos puntos genera dificultades tanto para el ingreso como para el egreso de embarcaciones.
El riesgo para las exportaciones e importaciones
La prolongación del conflicto puede generar consecuencias sobre el comercio exterior argentino, debido a que la actividad portuaria es un eslabón central para el movimiento de mercaderías.
Una demora sostenida en los accesos puede afectar la programación de embarques, generar mayores tiempos de espera y complicar la coordinación entre puertos, navieras, empresas exportadoras e importadoras.
El impacto adquiere especial relevancia en un país donde una parte sustancial de las exportaciones e importaciones depende del transporte marítimo y fluvial.
También puede complicarse la distribución de combustibles
Otro de los puntos de preocupación es el movimiento de combustibles y productos energéticos.
La interrupción de los servicios de practicaje puede demorar tanto la entrada como la salida de buques vinculados con el abastecimiento energético.
Si el conflicto se prolonga, las dificultades logísticas podrían trasladarse progresivamente a otros eslabones de la cadena de distribución, dependiendo del nivel de stock disponible y de la duración de las demoras.
El riesgo operativo también está en el centro del conflicto
Además del impacto económico, la discusión tiene una dimensión vinculada con la seguridad de la navegación.
Los prácticos intervienen precisamente en sectores donde existen condiciones particulares de profundidad, corrientes, canales, maniobras y circulación de otros buques.
Por eso, la ausencia de profesionales especializados puede incrementar los riesgos asociados a la navegación en zonas restringidas, según advierten representantes del sector.
El conflicto también abrió una discusión sobre quién debe asumir la responsabilidad ante eventuales accidentes y qué nivel de capacitación deben tener quienes intervengan en las maniobras.
Los prácticos reclaman una mesa de diálogo
Morales planteó como alternativa una suspensión administrativa de la aplicación de la norma, seguida por una instancia de negociación entre el Gobierno y los profesionales.
El objetivo sería revisar los puntos cuestionados del decreto y establecer condiciones que permitan reanudar la prestación del servicio.
Mientras tanto, la permanencia de más de 140 barcos demorados mantiene bajo presión a la operatoria portuaria y abre un frente de incertidumbre para el comercio exterior argentino.
Si la situación se extiende, el impacto podría superar al sector marítimo y trasladarse a las cadenas de exportación, importación, abastecimiento energético y logística interna, convirtiendo el conflicto por el practicaje en un problema con potencial incidencia sobre la economía nacional.
