Crisis judicial en Santa Cruz: Fernando Basanta se negó a notificarse de su suspensión como vocal del Tribunal Superior de Justicia
Afronta el juicio político por falta de idoneidad para ejercer el cargo. Desconociendo la figura de Mariani se negó a firmar la notificación.
La crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que el juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Fernando Basanta, se negara a notificarse oficialmente de su suspensión en el cargo, dispuesta por la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados en el marco del juicio político en su contra.
La medida había sido resuelta por mayoría de dos tercios durante la sesión secreta celebrada el miércoles, donde los legisladores decidieron iniciar formalmente el proceso de juicio político contra Basanta y suspenderlo de sus funciones con goce del 50% de su sueldo, tal como establece la Constitución Provincial en su artículo 137 y la Ley N°13, reglamentaria del procedimiento.
📜 Notificación rechazada
Tras conocerse la resolución, el vicegobernador Fabián Leguizamón, en su rol de presidente de la Honorable Cámara de Diputados, remitió la notificación oficial al presidente del TSJ, Daniel Mariani, para que sea comunicada a todos los vocales del máximo órgano judicial.
Sin embargo, al momento de recibir la notificación, Fernando Basanta se negó a firmarla, desconociendo de hecho la decisión adoptada por el Poder Legislativo.
El rechazo constituye, según fuentes parlamentarias, un “hecho de gravedad institucional”, dado que implica desacatar una resolución del órgano constitucionalmente competente para instruir y juzgar a magistrados por mal desempeño o incumplimiento de los deberes de su cargo.
Al Sur Noticias pudo saber que este viernes se volverá a intentar notificarlo, ya ahora por la Policía y si es necesario se hará bajo escribano público.
⚖️ Los fundamentos del juicio político
El proceso contra Basanta se originó a raíz de una denuncia que cuestiona su idoneidad y legitimidad para ocupar el cargo de vocal del TSJ, al no cumplir con el requisito mínimo de seis años de ejercicio efectivo de la abogacía, tal como exige la Constitución de la Provincia de Santa Cruz.
La Sala Acusadora, compuesta por doce diputados, determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso y elevar el expediente a la Sala Juzgadora, que deberá resolver en un plazo máximo de 30 días si corresponde su remoción definitiva o su restitución al cargo.
⚠️ Un conflicto que agrava la crisis institucional
Con esta nueva negativa, Basanta profundiza el enfrentamiento institucional entre el Tribunal Superior de Justicia y la Legislatura Provincial, en un contexto de alta tensión que ya involucró denuncias cruzadas entre los vocales y presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuentes legislativas consultadas por Al Sur Noticias señalaron que la conducta del magistrado “viola lo dispuesto por la Ley 13 y socava el principio de división de poderes”, advirtiendo que su negativa podría constituir “una forma de resistencia activa a una decisión legítima del Poder Legislativo”.
Mientras tanto, la Sala Juzgadora se apresta a iniciar las audiencias correspondientes, garantizando el derecho de defensa del acusado y la continuidad del proceso constitucional de juicio político.
