Lucero confirmó que la nueva Ley de Glaciares ya está redactada y será una modificación aclaratoria
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, afirmó que el Gobierno avanzó en un texto que redefine el alcance de la Ley de Glaciares para otorgar a las provincias mayor autonomía en la gestión de los recursos naturales.
Un cambio esperado para el desarrollo minero
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el debate sobre la Ley 26.639. Según confirmó Luis Lucero, el nuevo texto de la modificación de la Ley de Glaciares ya está redactado y apunta a corregir interpretaciones que, según los gobernadores y empresas del sector, frenan proyectos estratégicos. El funcionario explicó que “hemos trabajado muchos meses calladamente en definir qué va a pasar con glaciares”, y que el Ejecutivo considera que lo más adecuado es “una ley aclaratoria, redactada de manera muy elaborada”.
La propuesta busca redefinir con precisión qué zonas integran el ambiente periglacial, para que cada provincia —a través de estudios científicos propios— pueda determinar qué áreas deben protegerse y cuáles pueden habilitarse para la actividad minera o hidrocarburífera.
Federalismo y potestad provincial sobre los recursos
Lucero sostuvo que la modificación responde a un principio de federalismo, al señalar que “Buenos Aires no puede decirle a las provincias qué hacer con su agua”. La iniciativa restituye la capacidad de decisión a los gobiernos provinciales, que podrán evaluar la viabilidad de cada proyecto basándose en evidencia técnica local y emitir los permisos correspondientes.
Si bien la norma se modificará, el secretario insistió en que se trata “técnicamente de una modificación, pero objetivamente de una ley aclaratoria”, orientada a ordenar conceptos y establecer con claridad qué geoformas del ambiente periglaciar aportan agua y, por lo tanto, deben ser protegidas.
Un tema ligado al RIGI y a la atracción de inversiones
La discusión sobre glaciares no se da en un vacío. Está directamente vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que el Gobierno impulsa como herramienta clave para atraer capitales globales. El sector estima que existen más de u$s 25.000 millones en inversiones mineras en carpeta, especialmente en cobre, pero su avance depende de un marco jurídico estable.
Dirigentes y empresas remarcan la necesidad de una concertación federal que armonice competencias entre Nación y provincias. Sin esta claridad, advierten que el potencial del RIGI podría verse limitado y que Argentina correría el riesgo de perder una oportunidad histórica en la transición energética mundial.
Tensiones entre desarrollo y protección ambiental
Los proyectos mineros de gran escala, especialmente en San Juan, son los más afectados por la actual interpretación de la ley. Las compañías señalan que las restricciones generan inseguridad jurídica y paralizan inversiones. En cambio, organizaciones ambientalistas alertan sobre un posible retroceso en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, fundamentales para preservar reservas de agua estratégicas.
La expectativa del sector es que el Poder Ejecutivo impulse una definición final —por decreto reglamentario o mediante un nuevo proyecto de ley— que permita equilibrar la protección de los ecosistemas con el desarrollo de una minería moderna, responsable y generadora de empleo.
