Ley de Inocencia Fiscal: ya rige la reforma que redefine el vínculo entre ARCA y los contribuyentes
La norma introduce cambios de fondo en el Régimen Penal Tributario y establece la presunción de veracidad de las declaraciones juradas.
El Poder Ejecutivo nacional publicó en el Boletín Oficial la Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas incluidas en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, que ya se encuentra formalmente en vigencia, aunque aún resta su reglamentación por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP.
La norma fue difundida en simultáneo con la Ley de Presupuesto Nacional 2026 y apunta a modificar de manera estructural la relación entre el Estado y los contribuyentes, con un enfoque que busca reducir la litigiosidad y actualizar parámetros que habían quedado desfasados.
Cambios en el Régimen Penal Tributario
Uno de los ejes centrales de la Ley de Inocencia Fiscal es la actualización de los umbrales de punibilidad en materia tributaria, que se incrementan de manera significativa. De este modo, solo quedarán alcanzadas por el régimen penal las maniobras de mayor gravedad, dejando fuera infracciones de menor cuantía que hasta ahora podían derivar en causas judiciales.
La iniciativa introduce además un criterio de mayor proporcionalidad entre la falta cometida y la respuesta punitiva del Estado, en línea con estándares internacionales en materia fiscal.
Nuevo enfoque en la fiscalización
Otro de los puntos destacados es el cambio de paradigma en los procesos de control. La ley establece la presunción de veracidad de las declaraciones juradas, lo que implica que la carga inicial de la prueba recaerá sobre el organismo recaudador y no sobre el contribuyente.
Este esquema busca fortalecer la seguridad jurídica y limitar prácticas de fiscalización consideradas excesivas o arbitrarias, según fundamentaron fuentes oficiales durante el tratamiento parlamentario.
Reglamentación pendiente
Si bien la ley ya rige, resta la publicación de la reglamentación operativa, especialmente las resoluciones que deberá emitir ARCA para definir su aplicación concreta. En particular, se espera precisiones sobre los nuevos procedimientos de control y los criterios para la actualización de los montos involucrados.
Desde el Gobierno indicaron que la reglamentación será clave para garantizar la implementación efectiva del nuevo marco normativo y evitar interpretaciones dispares.
