Obra pública en mínimos históricos: el ajuste de 2025 paralizó rutas, viviendas y servicios clave
La fuerte reducción del gasto nacional en infraestructura impactó de lleno en transporte, vivienda, agua y saneamiento. Un informe del CEPA advierte sobre efectos directos en la competitividad y el desarrollo.
La política de ajuste fiscal aplicada por el Gobierno durante 2025 profundizó el recorte en obra pública, con consecuencias visibles sobre la infraestructura vial, los programas de vivienda, el acceso al agua potable y servicios esenciales. Así lo expone un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que describe un escenario de virtual paralización en múltiples áreas estratégicas.
Mientras sectores productivos e industriales advierten por los altos costos logísticos derivados del deterioro de la infraestructura, la ejecución del gasto público mostró una contracción significativa que condiciona la competitividad de la economía.
El ajuste en el gasto público y su composición
Al analizar el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN), el CEPA verificó que en 2025 la ejecución registró una caída real cercana al 29% respecto de 2023, medida a valores actuales, y una contracción interanual del 4% en términos reales.
Por funciones, la Seguridad Social concentró el 58% del gasto total, seguida por los Servicios de la Deuda Pública, con el 8%. Muy por detrás se ubicaron Salud (6%), Educación y Cultura (5%), Energía, Combustibles y Minería (4%), Transporte (2%) y Promoción y Asistencia Social (2%). El resto de las partidas explicó menos del 2% de la ejecución.
Obra pública y transporte: programas casi paralizados
En materia de transporte y obra pública, el informe es contundente: “se observa un nivel de ejecución extremadamente bajo, cercano a la paralización de los programas”.
El programa de Infraestructura en Municipios no registró ejecución en relación con 2023. A su vez, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación retrocedieron un 98%, mientras que el Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo cayó un 92% y la Construcción de Túneles y Puentes un 95%.
También se registraron fuertes recortes en Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-95%), Desarrollo de Obra Pública (-93%) y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios (-75%).
Vivienda, agua y saneamiento, entre los más afectados
El ajuste alcanzó de manera crítica a los programas de Vivienda y Urbanismo, con una caída del 98%, y a Agua Potable y Alcantarillado, que se redujo un 92%.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advirtieron que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho fundamental y que la infraestructura del sector enfrenta un deterioro creciente por la falta de inversión, el envejecimiento de las redes y la necesidad de expansión ante el cambio climático y el aumento poblacional.
Según su presidente, Gustavo Weiss, para sostener un crecimiento del 4% anual sería necesario destinar alrededor del 3% del PBI al mantenimiento de la infraestructura existente y otro 3% a nuevas obras, a lo que debería sumarse un 3% adicional de inversión privada en servicios de infraestructura. En total, un esfuerzo equivalente al 9% del PBI.
Organismos clave y competitividad en riesgo
El ajuste también se reflejó en los organismos vinculados a la infraestructura y el transporte. La Dirección Nacional de Vialidad sufrió una disminución del 72% en su ejecución presupuestaria, mientras que el Organismo Regulador de Aeropuertos cayó un 43%.
En menor medida, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (-34%), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (-40%) y la Administración de Bienes del Estado (-27%) también registraron recortes significativos.
Desde IDESA señalaron que la deficiente infraestructura de transporte y el deterioro de las rutas reducen la competitividad y generan condiciones adversas para la producción.
Infraestructura y el desafío del acuerdo Mercosur–UE
En este contexto, el reciente acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea vuelve a poner el foco en las debilidades estructurales de la Argentina. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, sostuvo que el aprovechamiento real del tratado dependerá de corregir asimetrías internas, entre ellas los altos costos logísticos, la infraestructura deficiente y las limitaciones energéticas.
“A través de inversiones en infraestructura, energía, educación técnica, transferencia tecnológica y asociatividad productiva, esta integración puede ayudarnos a construir un nuevo contrato productivo basado en la competitividad”, afirmó.
Con la obra pública en mínimos históricos, el desafío de cerrar esas brechas aparece hoy como uno de los principales límites para transformar la estabilidad fiscal en crecimiento sostenido.
Fuente: Infobae
