La veda del Golfo San Jorge, un pilar clave para la sustentabilidad de la pesquería de langostino
Existe un amplio consenso científico y biológico en que mantener el cierre de la pesca de langostino en el Golfo San Jorge, jurisdicción compartida por Santa Cruz y Chubut, ha sido determinante para el desarrollo y la estabilidad de la pesquería.
La medida no responde a criterios arbitrarios, sino a fundamentos técnicos sólidos que sostienen la planificación del recurso a largo plazo, en un contexto donde las aperturas unilaterales generan incertidumbre y debilitan la gestión integral.
El marco normativo de la veda
La Resolución 7/2018 del Consejo Federal Pesquero (CFP) estableció en su Anexo I que las provincias de Chubut y Santa Cruz se comprometían a no permitir la captura de langostino en todo el Golfo San Jorge por el período de cinco años, compromiso que debía ser comunicado expresamente a la Autoridad de Aplicación antes del 1° de diciembre del año previo.
Esta decisión se integró al Plan de Manejo del langostino, que aún continúa en proceso de elaboración, y fue concebida como una herramienta central para preservar el stock y ordenar el crecimiento de la pesquería.
El cupo social como compensación
En el mismo acuerdo, el CFP estableció un esquema de compensación para ambas provincias, asignando un cupo social de 3.800 toneladas anuales de langostino a cada una, destinadas exclusivamente a buques fresqueros nominados por las jurisdicciones provinciales, con la obligación de desembarcar la totalidad de las capturas en los puertos locales.
Este mecanismo buscó equilibrar la restricción biológica con el impacto económico y laboral en las comunidades costeras.
Incremento del cupo social compensatorio
El 7 de agosto de 2025, mediante la Resolución N° 9, el Consejo Federal Pesquero dispuso incrementar el cupo social de 3.800 a 4.500 toneladas para cada una de las provincias del Golfo San Jorge.
La medida respondió a reiterados planteos de Santa Cruz y Chubut, que venían señalando que, en función de la evolución histórica de la pesquería, resultaba necesario actualizar el volumen compensatorio por sostener la veda en un área clave para el ciclo biológico del langostino.
Tensiones y presiones desde Santa Cruz
La actualización del cupo se dio luego de varios meses de tensiones, originadas por la decisión unilateral del Gobierno de Santa Cruz de avanzar con una prospección sobre el recurso en aguas de su jurisdicción, sin consenso previo con el resto de las provincias ni con la participación del INIDEP.
Esta iniciativa generó preocupación en el sector, al considerar que cualquier evaluación del recurso debería contar con el aval técnico del organismo científico nacional y con acuerdos interjurisdiccionales.
La agenda provincial y el debate interno
Días atrás, autoridades santacruceñas encabezadas por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, y el entonces ministro de Trabajo Ezequiel Verbes, mantuvieron un encuentro en Puerto Deseado con representantes del sector pesquero.
En ese ámbito, Ricci expresó el interés de la provincia en reabrir la discusión sobre el cierre del Golfo San Jorge, planteando la necesidad de evaluar alternativas que permitan incrementar la actividad portuaria. El encuentro contó con la presencia del secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, y del subsecretario de Coordinación Pesquera, David Noriega, en un contexto de sucesivos cambios de autoridades en el área.
El pedido de apertura de las Subáreas 15 y 16
En línea con esa postura, Santa Cruz presentó en la primera sesión del CFP de 2026 un pedido para que se considere de manera prioritaria la apertura de las Subáreas 15 y 16 al inicio de la temporada de langostino.
El planteo llamó la atención del sector, ya que se realizó en enero, cuando aún no se ha definido la apertura del sector norte fuera del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM), lo que refuerza las dudas sobre la oportunidad del pedido.
La necesidad de consensos sostenibles
El inicio de 2026 anticipa un debate profundo sobre el futuro de la pesquería de langostino, particularmente en torno a la cuotificación del recurso, un proceso que inevitablemente generará ganadores y perdedores. En paralelo, el sector busca avanzar en la certificación internacional de la pesquería offshore de Pleoticus muelleri, en aguas de jurisdicción nacional.
Ambos objetivos requieren consensos amplios, previsibilidad y coherencia institucional, condiciones que se ven debilitadas ante decisiones unilaterales. En ese marco, la experiencia del Golfo San Jorge reafirma que la planificación conjunta y el respaldo científico siguen siendo las herramientas más eficaces para garantizar la sustentabilidad y el desarrollo de la pesquería langostinera argentina.
Fuente: Revista Puerto
