Ley de Inocencia Fiscal: cómo funciona el nuevo esquema para declarar dólares no registrados
La reglamentación que entró en vigencia este lunes redefine el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, con menos controles patrimoniales y foco en la facturación declarada para incentivar la exteriorización de dólares del mercado informal.
El Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas centrales de la gestión de Javier Milei para promover la declaración de activos no registrados y otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes. Con la publicación del decreto, quedó formalmente operativo el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, que introduce cambios de fondo en materia tributaria y penal.
La norma modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, y propone un esquema de menor fiscalización patrimonial a cambio de un cumplimiento estricto de los ingresos facturados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Un régimen simplificado para grandes patrimonios
El eje más innovador de la ley es la creación del Régimen Simplificado de Ganancias, destinado a contribuyentes con un patrimonio de hasta $10.000 millones. Quienes adhieran quedarán alcanzados por un esquema especial que redefine la forma de control fiscal.
El llamado blindaje patrimonial implica que los adherentes no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre sus variaciones patrimoniales ni sobre el nivel de sus consumos personales.
Ganancias calculadas solo por lo facturado
Bajo el nuevo esquema, ARCA cobrará el impuesto a las Ganancias exclusivamente sobre los ingresos facturados. El crecimiento de los bienes personales o los gastos realizados no será monitoreado ni podrá utilizarse como presunción de evasión.
La reglamentación también establece un efecto liberatorio: el artículo 39 dispone que el pago en término del monto determinado por ARCA libera al contribuyente de futuros reclamos, salvo que se compruebe la omisión de ingresos facturados.
Suben los montos para que exista delito penal
La ley actualiza de manera significativa los pisos de punibilidad para los delitos tributarios, elevando los montos a partir de los cuales una infracción pasa a tener consecuencias penales.
En el caso de la evasión simple, el umbral se incrementa de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que para la evasión agravada sube de $15.000.000 a $1.000.000.000. Además, el plazo de prescripción se reduce de cinco a tres años.
Regularización de deudas sin causas penales
La reglamentación detalla mecanismos para extinguir la acción penal en casos de deudas tributarias. ARCA no iniciará acciones si el contribuyente cancela la deuda y los intereses en una única oportunidad.
Si la denuncia aún no fue presentada, también se podrá cerrar el proceso pagando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días posteriores a la notificación oficial.
Más sanciones por incumplimientos formales
Como contrapartida al relajamiento de los controles patrimoniales, la norma prevé un aumento considerable de las multas económicas para quienes presenten sus declaraciones fuera de término, reforzando el esquema de incentivos y castigos.
Con esta reglamentación, el Ejecutivo apunta a acelerar la exteriorización de activos, fortalecer las reservas y dinamizar la inversión privada, bajo la premisa de que el origen de los fondos no será objeto de persecución fiscal para quienes se ajusten al nuevo régimen.
