YPF: Burford pidió avanzar con el discovery y la Argentina evalúa apelar si Preska lo rechaza
Los demandantes rechazaron el pedido argentino de suspender el proceso posterior al fallo por la expropiación de YPF y acusaron al país de dilatar el cumplimiento. La jueza Loretta Preska quedará en condiciones de resolver tras la réplica oficial prevista para el 19 de febrero.
Los demandantes en el litigio por la expropiación de YPF —Petersen Energía Inversora S.A.U. y Eton Park Capital Management, L.P., representados por Burford Capital— solicitaron a la jueza Loretta Preska que no frene el expediente y rechazaron el pedido de la República Argentina para suspender el proceso de discovery posterior al juicio y las actuaciones vinculadas a un eventual desacato.
La Argentina presentará el 19 de febrero su réplica al pedido de sanciones y desacato formulado por los demandantes. Cumplido ese trámite, Preska quedará en condiciones de decidir si concede o no la suspensión solicitada por el país, según información de Noticias Argentinas.
El eje del conflicto: discovery y desacato
La defensa argentina busca suspender la etapa de obtención de información posterior a la sentencia de primera instancia —instancia en la que los demandantes procuran identificar bienes embargables para ejecutar el fallo— mientras avanza la apelación. Entre los activos mencionados figura el oro del Banco Central.
Desde el Gobierno sostienen que la presentación de una declaración jurada sobre las reservas responde a la defensa de la inmunidad soberana y cuestionan como hostigantes los pedidos de información sobre funcionarios y activos. En paralelo, el país apeló la sentencia que lo condenó a pagar US$ 16.100 millones.
El rechazo de los demandantes al pedido de suspensión
En una carta presentada el 6 de febrero de 2026, los demandantes solicitaron a Preska que niegue el stay del discovery. Argumentaron que la solicitud argentina es una maniobra para evitar sanciones inminentes y que no cumple con los criterios legales ni con órdenes previas del tribunal.
Sostuvieron que la República ya había solicitado una suspensión anteriormente y no cumplió las condiciones impuestas, como ofrecer garantías o requerir una revisión expedita. A su criterio, el nuevo pedido llega cuando se avecinan sanciones y un posible desacato, lo que lo convierte en una estrategia para eludir responsabilidades.
Acusaciones de dilación y mala fe
Burford acusó al Gobierno argentino de conducta inequitativa y de mala fe, enumerando “retrasos sistemáticos, incumplimientos de órdenes judiciales, producción incompleta o tardía de documentos y testigos sin preparación adecuada”. Ese historial, sostienen, impediría conceder una medida excepcional como la suspensión.
También cuestionaron el grado de cumplimiento en la entrega de documentación: aunque la Argentina aludió a una producción de 115.000 páginas, los demandantes afirmaron que se entregaron unos 13.500 documentos, muchos de ellos irrelevantes o de acceso público.
El estándar legal invocado y el interés público
Los demandantes refutaron la procedencia del stay bajo el precedente Nken v. Holder, al señalar que la República no cumple con los cuatro factores exigidos: no demuestra probabilidad de éxito en la apelación; no sufre daño irreparable (que sería consecuencia de sus propias acciones); perjudica a los demandantes al interrumpir el discovery pendiente; y actúa contra el interés público al desacatar fallos judiciales.
Carriles separados y posible apelación inmediata
El pedido de suspensión del discovery es un trámite puntual y separado de la apelación de fondo contra la condena por la estatización de YPF, ya que ambos procesos avanzan por carriles distintos.
La Procuración subrayó que la oposición de Burford no invalida la posibilidad de que Preska conceda el stay. No obstante, anticipó que, si la jueza lo rechaza, la Argentina apelará de inmediato ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, como ocurrió en instancias previas del juicio, incluida la orden de turnover del 51% de las acciones de YPF.
En ese antecedente, Preska negó la suspensión, pero la Corte concedió el freno mientras analizaba el planteo, un escenario que el Gobierno busca reeditar si el tribunal de primera instancia vuelve a fallar en contra.
Fuente: Noticias Argentinas
