La reforma al Financiamiento Universitario queda para marzo, pese a ser incluida en extraordinarias
Aunque la iniciativa figuró en el temario de extraordinarias, el oficialismo reconoce que no habrá tiempo material para su tratamiento inmediato.
El Poder Ejecutivo incorporó en el decreto de prórroga de sesiones extraordinarias el tratamiento de una reforma a la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Sin embargo, el proyecto aún no fue enviado formalmente al Congreso, por lo que su debate quedará para el período ordinario, que comienza en marzo.
Objetivo: modificar la actualización automática
Según trascendió, el proyecto no elimina la ley vigente —aprobada en 2025, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el Congreso—, pero sí busca alterar puntos centrales:
- Sustituir el mecanismo de actualización automática por un esquema de aumentos escalonados.
- Incorporar revisiones periódicas para evaluar desfasajes frente a la inflación.
- Modificar criterios de distribución de fondos.
El Ejecutivo evalúa otorgar una mejora del 20% en las partidas de funcionamiento respecto de lo previsto para 2025, junto con una revisión en junio en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Respaldo parlamentario y estrategia política
En la Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios —un piso estimado de 131 diputados— gracias al acompañamiento de bloques aliados y sectores dialoguistas, incluidos legisladores de Provincias Unidas. El objetivo es alcanzar la media sanción en marzo.
El tema representa un frente sensible para el Gobierno, que ya enfrentó dos leyes impulsadas por la oposición en 2024 y 2025 vinculadas al financiamiento universitario, ambas vetadas, y una de ellas finalmente ratificada por el Congreso.
Negociaciones técnicas y frente judicial
En paralelo, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las 56 universidades nacionales. Las conversaciones abordaron salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo apeló ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la medida cautelar que ordena aplicar la ley vigente y actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias, con pedido de efecto suspensivo.
Escenario abierto
El Gobierno busca evitar un nuevo conflicto político y judicial al inicio del ciclo lectivo y apuesta a cerrar el debate en el Congreso con una norma que reemplace el esquema actual.
La definición quedará así trasladada a marzo, cuando comience el período ordinario de sesiones y el proyecto pueda ser formalmente presentado y tratado.
