Conflicto en la pesca: choque entre empresas y gremios por controles de alcoholemia y seguridad laboral
La disputa por un aumento salarial derivó en un enfrentamiento más profundo que pone en el centro la seguridad en los puertos y prácticas cuestionadas dentro del sector.
Un conflicto que excede la paritaria
El conflicto entre empresas pesqueras y la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) escaló más allá de la discusión salarial. Lo que comenzó como una negociación por un aumento del 15% derivó en una disputa estructural sobre condiciones laborales, controles médicos y seguridad en el trabajo.
Desde el sector empresario, encabezado por el titular de la firma Vepez, Luis Jones, sostienen que la implementación de test de alcoholemia y controles de salud responde a exigencias legales y de las ART, en un contexto donde la actividad es considerada de alto riesgo por la elevada tasa de accidentes.
El eje de la disputa: controles y condiciones de trabajo
Las empresas condicionaron el aumento salarial a la realización de exámenes médicos y de alcoholemia. Sin embargo, la FEPA rechazó esta medida al considerar que implica prácticas discriminatorias y contrarias a la legislación en materia de salud mental.
El conflicto se intensificó tras la difusión de videos en los que se observa a delegados gremiales presionando para que trabajadores que dieron positivo en controles puedan ingresar a sus puestos.
Desde el sector empresario advierten que permitir el ingreso de operarios en esas condiciones implica un riesgo grave: un trabajador bajo efectos de alcohol o drogas podría provocar accidentes con consecuencias severas.
Datos que encienden alarmas
Según datos citados por el sector privado, los controles realizados arrojaron resultados preocupantes: de 25 trabajadores evaluados, 10 dieron positivo en consumo de sustancias y solo 9 estaban en condiciones aptas para trabajar.
Este escenario refuerza la postura empresarial de endurecer los controles, no solo por cumplimiento normativo sino también por la presión de las aseguradoras, que elevan costos ante la siniestralidad del sector.
“La plástica”: denuncias sobre prácticas informales
Otro punto crítico del conflicto es la denuncia sobre el sistema conocido como “la plástica”, mediante el cual algunos trabajadores alquilarían sus credenciales habilitantes a terceros.
Según el empresariado, esta práctica genera distorsiones en el mercado laboral y queda expuesta con la implementación de controles más estrictos. Aseguran que parte de la resistencia gremial estaría vinculada a la intención de preservar ese esquema.
La respuesta sindical
Desde la FEPA rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los controles impuestos por las empresas exceden lo acordado en paritarias. Si bien aseguran no oponerse a exámenes médicos básicos, cuestionan nuevas exigencias que consideran arbitrarias y excluyentes.
Además, vinculan el conflicto a un intento de restringir el acceso al trabajo de personas con problemáticas de consumo, en lugar de abordarlas desde una perspectiva de salud.
Un trasfondo estructural
El conflicto expone tensiones más profundas dentro del sector pesquero: altos niveles de informalidad, problemas de seguridad laboral y disputas por el control de la actividad en los puertos.
En un contexto de alta demanda y presión operativa, la discusión sobre condiciones de trabajo y controles se vuelve central para definir el funcionamiento futuro de la actividad.
La evolución del conflicto dependerá, en gran medida, de la capacidad de alcanzar un equilibrio entre seguridad, derechos laborales y sostenibilidad operativa en uno de los sectores más riesgosos del entramado productivo.
