Basural de Río Gallegos: ya son centenares los vecinos que piden un traslado por el cual el Municipio embolsó una cifra millonaria
En un solo día, los vecinos autoconvocados superaron las 600 firmas y crece la polémica. La comuna pide plata a Provincia pero no dice que ya Nación entre 2013 y 2015 había pagado la obra por completo.
La tensión por el estado del basural a cielo abierto de Río Gallegos escaló en las últimas horas. Tras la difusión del conflicto y el cruce entre vecinos y responsables de la planta recicladora, se inició una campaña de firmas que ya suma unas 600 rúbricas en pocas horas.
El referente de la iniciativa, Alejandro Pereyra, confirmó que la recolección continuará este lunes y que el objetivo es presentar una denuncia formal ante la Secretaría de Ambiente este martes.
El reclamo apunta directamente al cierre del vaciadero y a exigir una solución estructural a un problema que lleva años sin resolverse.
Videos, inspecciones y versiones cruzadas
Luego de la inspección oficial y del enfrentamiento con vecinos, la empresa que maneja la planta recicladora, Nueva Santa Cruz, difundió videos en los que se muestra el predio saneado y un camión trasladando residuos hacia el relleno sanitario.
Sin embargo, vecinos aseguran que ese traslado no es habitual y que las imágenes no reflejan la situación real del lugar.
La polémica se da en paralelo a una inspección reciente de la Secretaría de Ambiente provincial, que constató el estado crítico del vaciadero municipal e intimó al Municipio a sanear el predio en un plazo de diez días.
La defensa del Municipio y una vieja cautelar
Desde el Ejecutivo local argumentaron que la falta de traslado de residuos responde a un supuesto incumplimiento de la provincia, en el marco de un amparo ambiental que se remonta a 2016.
Sin embargo eso no consta en los papeles y lo que es peor, la Comuna ya cobró entre 2013 y 2015 casi $60 millones para poder realizar todas las obras para el traslado que nunca efectuó. Así la polémica vuelve a poner sobre la mesa una discusión más profunda: el manejo de los fondos destinados justamente a resolver este problema.
Fondos GIRSU: recursos, cambios de proyecto y obras inconclusas
El programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) fue creado para erradicar basurales a cielo abierto, promover la economía circular y financiar sistemas de tratamiento y disposición final de residuos.
En el caso de Río Gallegos, los antecedentes son contundentes:
- Por la Resolución N° 198 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, se aprobó un primer desembolso de más de $25 millones el 30 de diciembre de 2013 para el Municipio de Río Gallegos que encabezaba Raúl Cantín. Un valor que actualizado a hoy equivale a unos $30.200 millones (según IPC).
- Sin haber rendido esos fondos, el Municipio solicitó, en marzo de 2015, una ampliación por más de $59 millones.
- Y en octubre de ese mismo año, ya con Pablo Grasso como intendente tras la renuncia de Cantín, se concretó un segundo desembolso por más de $34 millones (equivalente a otros $13.700 millones más)
- Esto equivale que a valores actuales, el Municipio embolsó más de $43 mil millones y pese a eso, nunca ejecutó la obra.
- En aquel momento, la obra fue adjudicada a la empresa Edisud S.A., pero pese a que fue pagada en su totalidad, sólo se ejecutó menos del 30%.
Este derrotero administrativo y político dejó un saldo concreto: los recursos existieron, pero la infraestructura prometida nunca se materializó.
Procesamientos judiciales y responsabilidades políticas
El manejo de estos fondos no quedó solo en el plano administrativo. En diciembre de 2019, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de varios intendentes por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en el marco del programa GIRSU entre 2003 y 2015. Entre ellos a Raúl Cantín.
El caso dejó expuesto un patrón: recursos destinados a resolver problemas ambientales estructurales que terminaron sin el destino previsto.
Promesas incumplidas: un traslado que nunca llega
El traslado del vaciadero municipal ha sido anunciado en múltiples oportunidades, además de 2013 y 2015:
- En 2019, durante la gestión de Roberto Giubetich, se habló del inicio del traslado.
- En 2022, se firmó un acuerdo con CGC para avanzar en un plan de traslado, por el cual la empresa desembolsó USD 5 millones.
- En 2023, el actual intendente Pablo Grasso firmó el acuerdo con Nueva Santa Cruz y anunció que el proceso comenzaría el 1 de agosto.
Ninguna de estas promesas se concretó y apenas se avanza en el traslado de un volumen insignificante al relleno sanitario, el que a su vez, tiene deficiencias constructivas.
Mientras tanto, el basural sigue operando en condiciones críticas, con más de 140 toneladas de basuras diarias que genera la ciudad y un manejo negligente de los residuos patagónicos, animales muertos y descarte de efluentes, a cielo abierto y con impacto directo en el ambiente y en la calidad de vida de los vecinos.
Un conflicto que vuelve al centro de la escena
El reclamo vecinal, ahora respaldado por una denuncia en camino que avalan centenares de vecinos que viven en forma lindante al vaciadero, vuelve a poner el foco en un problema estructural de Río Gallegos: la falta de una política sostenida y eficaz de gestión de residuos.
Entre fondos nacionales que fueron desviados a otros fines, responsabilidades repetidas y años de anuncios incumplidos, el vaciadero se mantiene como un símbolo de una deuda ambiental que sigue sin saldarse.
