Chubut impulsa un plan de emergencia para proteger empleo y producción pesquera
La iniciativa propone beneficios fiscales y portuarios por 12 meses para sostener la actividad de la industria pesquera, preservar puestos de trabajo y garantizar el procesamiento local de las capturas.
Alivio fiscal para sostener la actividad
La actividad pesquera de Chubut ingresó en la agenda legislativa con un proyecto que busca declarar la Emergencia Productiva, Económica y Laboral del sector por un plazo inicial de doce meses.
La iniciativa fue presentada por el diputado Marcelo Rubia, acompañado por Sergio González y Mariela Tamame, y contempla la creación del Programa de Recupero y Sostenimiento del Sector Pesquero del Chubut, una herramienta destinada a reducir costos fiscales, portuarios y operativos en un contexto de fuerte presión sobre la rentabilidad empresarial.
El acceso a los beneficios estará condicionado al mantenimiento del empleo, la continuidad de las operaciones en puertos provinciales, el abastecimiento de plantas radicadas en Chubut y la preservación de los niveles de descarga, procesamiento y agregado de valor dentro del territorio provincial.
El impacto de la crisis en la pesca
El proyecto parte de un diagnóstico que identifica fuertes incrementos en costos de combustible, energía, logística, estiba, conservación en frío, packaging, mantenimiento naval y servicios portuarios.
A esto se suma un escenario internacional complejo, marcado por la caída de precios de exportación y la creciente competencia del langostino de cultivo, factores que afectan la competitividad de la actividad pesquera patagónica.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que el objetivo es transformar el alivio estatal en una herramienta de continuidad productiva, con compromisos verificables y mecanismos de control.
Exenciones impositivas y beneficios portuarios
Uno de los puntos centrales del proyecto es la exención total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para actividades vinculadas a la captura, procesamiento, industrialización, conservación y comercialización primaria de productos pesqueros.
Además, contempla:
- Exención de la tasa del ocho por mil.
- Eliminación del Impuesto de Sellos para operaciones relacionadas con la actividad.
- Bonificaciones sobre el canon provincial de extracción y otros conceptos equivalentes.
En materia portuaria, se prevén descuentos sobre el uso de muelles, almacenamiento, agua, energía y otros servicios vinculados a las operaciones de las empresas adheridas al programa.
Empleo y agregado de valor como condición
El proyecto pone especial énfasis en el sostenimiento del empleo y de la actividad industrial.
Los beneficios estarán condicionados a que las empresas mantengan niveles habituales de operación, continúen descargando en puertos provinciales y preserven la actividad en las plantas procesadoras radicadas en Chubut.
La propuesta advierte que cualquier reducción de actividad impacta no solo sobre armadores y tripulantes, sino también sobre estibadores, transportistas, frigoríficos, talleres navales, proveedores y comercios vinculados a la economía portuaria.
Registro obligatorio y controles
Las empresas interesadas deberán incorporarse al Registro Provincial de Beneficiarios de la Emergencia Pesquera, donde tendrán que presentar información fiscal, laboral, productiva y contable.
También deberán acreditar nómina de trabajadores, niveles de producción y capturas, además de presentar una declaración jurada sobre eventuales despidos sin causa realizados durante los 90 días previos a la solicitud.
Los incumplimientos podrán derivar en sanciones, suspensión de beneficios, devolución de montos recibidos y exclusión definitiva del programa.
Crean una mesa multisectorial de seguimiento
La iniciativa prevé además la conformación de una Mesa Multisectorial de Emergencia Pesquera Provincial, integrada por organismos provinciales, cámaras empresarias, sindicatos, administraciones portuarias y municipios vinculados a la actividad.
El organismo tendrá la misión de monitorear la evolución económica, laboral y productiva del sector, además de elaborar informes públicos bimestrales sobre el funcionamiento del programa.
Gestión ante Nación y transparencia pública
El proyecto también impulsa gestiones ante el Gobierno nacional para mejorar la competitividad exportadora mediante la reducción temporal de derechos de exportación, mejoras en los reintegros y acceso a financiamiento productivo.
Asimismo, establece que todos los beneficios otorgados deberán publicarse en un registro digital de acceso público y que el Poder Ejecutivo deberá informar cada 60 días a la Legislatura sobre el impacto del programa en el empleo, la producción, las capturas y la actividad portuaria.
La emergencia tendría una vigencia inicial de doce meses, con posibilidad de prórroga, siempre que exista una evaluación técnica que justifique su continuidad y detalle los resultados obtenidos en términos de trabajo, producción y exportaciones.
Fuente: Pescare
