Pesca en Santa Cruz: cómo es el nuevo régimen de cuotificación de merluza para defender el empleo local
El Gobierno provincial reordena la administración pesquera a 10 años, condicionando el recurso a la inversión, la descarga en puertos locales y el procesamiento en plantas en tierra.
La industria pesquera de la Patagonia vive un giro regulatorio clave. El Gobierno de Santa Cruz, bajo la gestión del gobernador Claudio Vidal, avanza firmemente en la puesta en marcha de un nuevo Régimen Provincial de Cuotificación de Merluza Común (Merluccius hubbsi). Esta medida establece un esquema de administración a diez años que busca reemplazar la imprevisibilidad del pasado por un sistema regido por criterios objetivos, técnicos y productivos.
La iniciativa, coordinada por el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, introduce reglas de juego claras en un escenario económico desafiante. El norte de la normativa es contundente: el recurso marítimo santacruceño debe traducirse, de manera obligatoria, en valor agregado y empleo registrado dentro del territorio provincial.
Claves del nuevo esquema de distribución pesquera
La masa cuotificable de la provincia surge del 4,80 % de la Captura Máxima Permisible (CMP) del stock sur, asignada a Santa Cruz por el Consejo Federal Pesquero (CFP). A partir de este volumen, el nuevo marco normativo estipula una división estratégica:
- 90% para el régimen de cuotificación: distribuido de forma directa entre las empresas operadoras bajo rigurosos parámetros de evaluación.
- 10% para la Reserva Administrativa Provincial: un fondo destinado a atender necesidades estratégicas de la provincia, contingencias operativas y el fortalecimiento de las políticas públicas del sector.
A diferencia de los esquemas anteriores, las asignaciones se otorgarán mediante una evaluación técnico-productiva integral. Las empresas ya no accederán a los derechos de captura por mera inercia histórica; ahora se ponderará el sostenimiento del empleo registrado en la provincia, el historial de descargas efectivas en puertos santacruceños, la capacidad industrial instalada y la continuidad operativa de las plantas.
Procesamiento en tierra: El requisito indispensable para acceder a la cuota
El corazón socioeconómico de la reforma radica en el fomento de la actividad manufacturera en el litoral marítimo santacruceño. Aquellas firmas armadoras y pesqueras que aspiren a pescar merluza común deberán garantizar el procesamiento de la materia prima en las plantas de fileteado y producción radicadas en la provincia.
“Pasamos de un esquema sin reglas claras a un sistema con criterios objetivos, transparentes y verificables, que premia a quien genera empleo, procesa en la provincia e invierte”, destacó Klimenko. De este modo, la cuota es considerada una autorización administrativa de uso —precaria y revocable— sujeta al interés público, lo que anula la posibilidad de consolidar derechos adquiridos especulativos si no se cumple con la contraprestación laboral local.
Trazabilidad digital y fiscalización de la cadena productiva
Para evitar desvíos del recurso hacia otras jurisdicciones y combatir la pesca informal, el nuevo régimen incorpora un sistema obligatorio de trazabilidad total.
Este mecanismo tecnológico facilitará el seguimiento digital del pescado desde el momento preciso de su captura en alta mar, pasando por su desembarco en los muelles de la provincia, hasta su ingreso y procesamiento final en las plantas industriales. Con esto, el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria dispondrá de herramientas de fiscalización en tiempo real para auditar el cumplimiento del esquema y garantizar una cadena de valor transparente.
Previsibilidad en un contexto económico complejo
La industria pesquera regional enfrenta vientos de frente, marcados por el alza internacional de los costos operativos y el impacto del precio del combustible en las flotas pesqueras. Ante esta coyuntura, la ventana de previsibilidad de diez años que otorga el decreto busca dar un respiro financiero al sector privado, promoviendo acuerdos a largo plazo entre las flotas extractivas y los establecimientos industriales costeros.
Al garantizar un flujo constante de materia prima para el empleo registrado, Santa Cruz busca blindar sus puertos y fábricas contra la inestabilidad de los mercados y asegurar que los recursos estratégicos impulsen el desarrollo real de las comunidades patagónicas.
