Fallo de la Corte complica al Gobierno y reabre la discusión por el financiamiento universitario
La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. En la Casa Rosada crecen las preocupaciones por el impacto fiscal de la medida y surgieron cuestionamientos internos hacia la estrategia judicial que impulsó el oficialismo.
Un revés judicial con alto costo fiscal
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la medida cautelar que ordena al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario generó fuerte preocupación dentro de la administración de Javier Milei.
Según trascendió, el principal problema radica en el impacto presupuestario de la norma, que implicaría una erogación estimada en 1,3 billones de pesos para actualizar los recursos destinados a las universidades nacionales.
Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, ya habían advertido que no existían partidas previstas para afrontar ese gasto, por lo que el fallo obliga ahora al Ejecutivo a recalcular sus números fiscales.
Cuestionamientos a la estrategia oficial
El fallo también abrió una discusión interna sobre la estrategia judicial adoptada por el Gobierno para enfrentar el conflicto.
Fuentes del oficialismo señalaron que el Ministerio de Capital Humano mantenía conversaciones avanzadas con rectores universitarios para consensuar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, compatible con los objetivos de equilibrio fiscal impulsados por la gestión libertaria.
Sin embargo, ese proyecto nunca avanzó con rapidez en el Congreso, situación que algunos sectores de La Libertad Avanza atribuyen a la estrategia impulsada por operadores judiciales vinculados al Ministerio de Justicia y a determinados actores parlamentarios.
La expectativa frustrada sobre la Corte
Dentro del oficialismo existía la expectativa de que la Corte Suprema emitiera una resolución favorable al Gobierno que permitiera ganar tiempo para negociar una nueva solución legislativa.
Según fuentes libertarias, algunos dirigentes aseguraban que el máximo tribunal daría una señal política favorable a la administración nacional y evitaría un escenario de tensión presupuestaria.
No obstante, con la decisión ya conocida, esa expectativa quedó descartada y crecieron las críticas internas hacia quienes impulsaron esa estrategia.
Un acuerdo parcial que quedó desdibujado
En la Casa Rosada también remarcan que el fallo llegó cuando el Gobierno ya había iniciado conversaciones con las universidades para avanzar en un cumplimiento parcial de la ley mediante mecanismos alternativos de financiamiento.
Por ese motivo, consideran que la resolución judicial altera un proceso de negociación que se encontraba en marcha y agrega presión sobre las cuentas públicas.
Qué resolvió la Corte
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema declaró inadmisible el planteo presentado por el Estado nacional contra la cautelar que ordenaba aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Los jueces entendieron que el recurso estaba dirigido contra una medida cautelar y no contra una sentencia definitiva, por lo que evitaron pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
De este modo, el máximo tribunal no analizó ni la constitucionalidad de la ley ni la validez del Decreto 759/25, limitándose a resolver un aspecto estrictamente procesal. La consecuencia práctica es que la cautelar continúa vigente y el Gobierno deberá cumplir con las actualizaciones de fondos previstas para las universidades nacionales.
