Inocencia Fiscal II: qué cambia en el proyecto que ahora analiza el Senado
La iniciativa busca modificar el régimen tributario y ampliar las garantías para quienes decidan formalizar ahorros no declarados. El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados y plantea nuevos límites para las discrepancias fiscales.
El proyecto denominado Inocencia Fiscal II busca modificar el régimen tributario vigente y facilitar la incorporación de fondos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero formal.
La iniciativa parte de cuestionamientos y dudas surgidos sobre la aplicación de la normativa vigente, especialmente en relación con las posibilidades de fiscalización posterior y las garantías para los contribuyentes que decidan declarar sus ahorros.
El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y deberá ser tratado por el Senado para completar su trámite legislativo. La iniciativa modifica aspectos del régimen simplificado de Ganancias y establece nuevas reglas sobre las discrepancias que puede detectar el fisco.
Ampliación del Régimen Simplificado de Ganancias
Uno de los principales cambios está relacionado con el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
La normativa vigente establece determinados límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen. La nueva iniciativa amplía el universo de contribuyentes que podría incorporarse.
Los contribuyentes de mayores ingresos o patrimonio podrán acceder al RSG si se aprueba la reforma, aunque tendrán una diferencia respecto del resto: quedarán excluidos de los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el denominado tapón fiscal.
Cambios en las discrepancias fiscales
Otro de los puntos centrales es la modificación del concepto de discrepancia significativa entre la información declarada por un contribuyente y los datos disponibles para el fisco.
El proyecto establece que una diferencia del 15% o más dejará de considerarse significativa cuando, además, no supere los $5 millones.
La modificación apunta a evitar que diferencias de montos relativamente reducidos, aun cuando representen un porcentaje relevante, puedan activar el mismo tratamiento que una inconsistencia fiscal de mayor magnitud.
La iniciativa también modifica la forma de calcular esa discrepancia. El nuevo texto toma como referencia el impuesto determinado y no el saldo a pagar, uno de los aspectos que había generado cuestionamientos sobre la legislación anterior.
Qué ocurre cuando la diferencia supera los $5 millones
Cuando la discrepancia detectada supera los $5 millones, el proyecto mantiene una posibilidad de regularización para el contribuyente.
La iniciativa establece un plazo de 15 días desde la notificación de la determinación de oficio para aceptar la liquidación y pagar el impuesto correspondiente junto con sus accesorios.
Si el pago se realiza dentro de ese período, el contribuyente conserva los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal, aun cuando la diferencia detectada haya sido considerada significativa.
Menos obligaciones de información
Otro eje de la reforma está vinculado con las obligaciones de reporte para quienes utilicen los mecanismos previstos para formalizar sus fondos.
El esquema plantea que el contribuyente no deba informar a ARCA su patrimonio al comienzo ni al cierre del ejercicio fiscal, ni tampoco declarar los consumos realizados durante ese período como parte de este régimen.
Cuando los fondos sean utilizados mediante las vías habilitadas por la normativa, deberán incorporarse a la última declaración correspondiente a Bienes Personales, según las condiciones previstas en el proyecto.
El objetivo declarado de estos cambios es otorgar mayor previsibilidad sobre el tratamiento fiscal posterior de los fondos exteriorizados.
El plazo para acceder a los beneficios
El proyecto establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para acceder a los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el tapón fiscal.
De esta manera, quienes quieran utilizar esas herramientas deberán realizar las acciones correspondientes antes de esa fecha.
La iniciativa se encuentra ahora en manos del Senado, donde deberá ser debatida y votada para determinar si continúa su trámite legislativo. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la incorporación de ahorros al sistema financiero formal constituye uno de los objetivos centrales de la reforma.
