Reactivación de las represas en Santa Cruz: el Gobierno exige prioridad absoluta para el empleo y las pymes locales
La reactivación de la megaobra hidroeléctrica sobre el río Santa Cruz encendió motores tras meses de negociaciones. Desde el Ejecutivo provincial advierten que el reinicio de los trabajos debe dinamizar la economía regional mediante la contratación estricta de mano de obra y proveedores locales.
Tras las gestiones encabezadas por el gobernador Claudio Vidal para destrabar el conflicto y retomar las tareas en la Patagonia, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, marcó la cancha de cara al desembarco de inversiones. El funcionario subrayó que el proyecto hidroeléctrico no solo debe contemplarse como una fuente de generación energética, sino como un motor indispensable para el desarrollo socioeconómico de la provincia.
Con un impacto estimado en 4.000 nuevos puestos de trabajo —divididos en 1.800 empleos directos y 2.200 indirectos—, la premisa oficial apunta a que el dinero movilizado por la construcción permanezca y circule dentro del territorio santacruceño.
El esquema 90/10: mano de obra santacruceña como prioridad innegociable
Uno de los ejes centrales del acuerdo firmado con la UTE constructora es la aplicación rigurosa de la normativa vigente de empleo local, conocida como el esquema 90/10. Esto significa que el 90 % de las contrataciones de personal deberán recaer sobre habitantes de la provincia.
“Es ni más ni menos que el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la mano de obra, que prioriza al trabajador santacruceño y contempla la integración de pymes provinciales en la cadena de valor”, sentenció Álvarez.
Para acceder a estas posiciones, los postulantes deben acreditar su residencia efectiva y registrarse formalmente a través de las vías institucionales dispuestas por el Estado provincial. La medida busca poner freno a la migración laboral golondrina y garantizar que el beneficio social recaiga de manera directa sobre las familias de la región.
Cadena de valor: el impacto en las pymes y proveedores de la región
Más allá de los puestos en obra, el plan contempla que la provisión de insumos, logística, transporte y servicios secundarios quede en manos del entramado empresario local.
Las firmas interesadas en proveer bienes a la megaobra deberán estar debidamente inscriptas y cumplir con los estándares de compre santacruceño. Localidades cercanas al emprendimiento —como Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Gobernador Gregores y Río Gallegos— se preparan para recibir un fuerte incremento en su actividad comercial y de servicios.
Una política transversal para toda la economía provincial
En su análisis político y económico, el titular de la cartera energética advirtió que la exigencia de priorizar la contratación local no se acotará únicamente al sector hidroeléctrico. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la directiva debe regir como una política de Estado transversal a todos los rubros productivos.
“Hoy el foco está puesto en las represas, pero la minería, la actividad petrolera, el sector pesquero, el agropecuario y el turismo deben alinearse bajo la misma lógica de compre y trabajo santacruceño”, enfatizó el ministro.
El rol del Estado: fiscalización y control de cumplimiento
Para garantizar que los acuerdos rubricados se traduzcan en hechos concretos, el Gobierno provincial intensificará las tareas de fiscalización. A través de una labor coordinada entre el Ministerio de Energía y Minería y la cartera de Trabajo, se montará un dispositivo de seguimiento constante sobre las contrataciones y el flujo de proveedores.
Con las bases sentadas para la reactivación, Santa Cruz apuesta a transformar una infraestructura largamente demorada en el cimiento estratégico para su futura industrialización, consolidando un modelo donde la inversión privada vaya de la mano del compre y la ocupación local.
