Malvinas: Argentina llevó al Reino Unido ante un tribunal internacional y exige frenar un millonario proyecto petrolero
El Gobierno argentino reclamó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la suspensión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos impulsadas por empresas británicas e israelíes en las aguas que rodean las Islas Malvinas. El proyecto Sea Lion contempla una inversión de USD 1.800 millones y prevé comenzar a producir petróleo en 2028.
La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en el escenario internacional. La Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, un pedido para frenar las actividades petroleras que el Reino Unido autorizó en la plataforma continental que rodea al archipiélago.
El reclamo apunta directamente al desarrollo del proyecto Sea Lion, un emprendimiento hidrocarburífero impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que estima una inversión cercana a los USD 1.800 millones.
Durante la primera audiencia realizada este 10 de noviembre, la delegación argentina solicitó la adopción de medidas provisionales para impedir que continúen los trabajos vinculados con la explotación petrolera mientras avanza el procedimiento arbitral internacional.
El argumento central de Buenos Aires es que el Reino Unido no puede autorizar unilateralmente la extracción de recursos naturales en un área marítima cuya soberanía permanece en disputa.
Malvinas: qué pidió Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
La presentación argentina busca que el organismo internacional ordene suspender las actividades relacionadas con el desarrollo del yacimiento Sea Lion hasta que exista una instancia de resolución sobre la controversia.
Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y representante argentino ante el Tribunal, advirtió que la explotación de hidrocarburos implica la extracción definitiva de recursos no renovables y puede generar modificaciones irreversibles en el lecho y el subsuelo marino.
Desde la posición argentina, una eventual compensación económica posterior no alcanzaría para reparar los daños derivados de una explotación que considera ilegítima.
El Gobierno también cuestiona las licencias de producción otorgadas por las autoridades británicas, que extendieron por cinco años los permisos para avanzar con las operaciones petroleras.
La estrategia jurídica busca evitar que el proyecto entre en una etapa irreversible antes de que intervenga el tribunal arbitral encargado de analizar el conflicto de fondo.
Proyecto Sea Lion: la inversión de USD 1.800 millones que genera tensión por el petróleo en Malvinas
El emprendimiento Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas. La iniciativa está liderada por Navitas Petroleum, de origen israelí, que actúa como operadora, junto con la británica Rockhopper Exploration.
El desarrollo contempla dos etapas de perforación que, en conjunto, prevén la construcción de una infraestructura de 23 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. De acuerdo con los datos difundidos por la compañía, el proyecto contempla una inversión aproximada de USD 1.800 millones y una vida productiva superior a los 30 años.
La proyección empresarial establece marzo de 2028 como fecha estimada para el comienzo de la producción.
Quiénes representan a la Argentina en el reclamo internacional por Malvinas
La delegación argentina está encabezada por Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El equipo también está integrado por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, en calidad de co-agente; los especialistas en Derecho Internacional Marcelo Kohen y Nico Schrijver; y el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
La presentación forma parte de una estrategia diplomática y jurídica que comenzó a tomar forma en septiembre de 2026, cuando el Gobierno anunció que recurriría al arbitraje internacional para cuestionar las autorizaciones británicas sobre la explotación de hidrocarburos.
Posteriormente, el 13 de octubre, formalizó el pedido de medidas provisionales ante el organismo con sede en Alemania.
