Salió el decreto que transforma a YCRT en Carboeléctrica y en SA
El decreto dispone que la totalidad de los bienes de YCRT pasen a la nueva Carboeléctrica e incluye la Termousina de 240 MW. El 100% de las acciones se reparten 95% para la Sec. de Energía y 5% para la de Minería.
Luego del cimbronazo por el anticipo del vocero Manuel Adorni sobre el cambio jurídico en la empresa carbonífera con la polémica frase “Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado “, el Gobierno oficializó este lunes la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima, bajo la denominación de Carboeléctrica Río Turbio S.A., y habilitó la participación de capitales privados en su administración. La medida, dispuesta mediante un decreto del Poder Ejecutivo que se publicó en el primer minuto de este medianoche en el Boletín Oficial, mantiene el control mayoritario del Estado Nacional.
La flamante sociedad anónima estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y absorberá la operación del yacimiento carbonífero, los servicios ferroviarios y portuarios asociados, y la usina termoeléctrica de Río Turbio. Según se desprende de la publicación oficial, identificada bajo el Decreto 115/2025, el Estado retendrá el 95% de las acciones a través de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante quedará en manos de la Secretaría de Minería.
Menos aportes
Uno de los principales objetivos de la reforma, que lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo; y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es “reducir la carga que YCRT representa para el Tesoro Nacional”. En ese sentido, se establece un plazo de 60 días para la presentación de un presupuesto 2025 que contemple una disminución progresiva de los aportes estatales, así como un plan de inversiones que garantice la operatividad del complejo minero y energético.
En el plano laboral, el decreto determina que los trabajadores de la empresa pasarán a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, lo que implica un cambio en las condiciones actuales de empleo. Además, en un plazo de 180 días deberá negociarse un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. A pesar de esta transición, el Gobierno aseguró que se respetarán los derechos adquiridos por los empleados.
