Avanza la subasta de propiedades vinculadas a Cristina Kirchner tras el fallo en la causa Vialidad
Con la condena firme, la Justicia apunta a recuperar parte de los fondos defraudados al Estado. Más de 20 inmuebles, empresas familiares y fondos congelados podrían ser ejecutados en los próximos días.
La causa Vialidad, considerada el expediente judicial más relevante de la última década en Argentina, ingresó en una nueva etapa tras el fallo de la Corte Suprema del 10 de junio, que dejó firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Con la sentencia confirmada, la Justicia federal avanza hacia la ejecución patrimonial de los bienes de los condenados, con el objetivo de resarcir al Estado por un perjuicio estimado en 85 mil millones de pesos. El fiscal Diego Luciani solicitará que los acusados restituyan los fondos en un plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar el decomiso.

Propiedades, empresas y cuentas en la mira
Entre los bienes que podrían ser subastados, figuran al menos 27 propiedades vinculadas a Cristina Kirchner, incluyendo cinco cocheras en el exclusivo Madero Center, además de las empresas Hotesur y Los Sauces, que integran hoteles y otras propiedades familiares.
También están comprometidos fondos congelados, como 4,6 millones de dólares a nombre de Florencia Kirchner y otro millón en cuentas bancarias. La Justicia sostiene que parte del patrimonio de los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, podría haber sido transferido por su madre para proteger activos ante el avance judicial.

El caso de Lázaro Báez: 60 inmuebles y obras inconclusas
El empresario Lázaro Báez, señalado como organizador de la maniobra de corrupción, enfrenta el decomiso de más de 60 inmuebles, principalmente ubicados en el sur del país. Según el fallo, la mitad de las obras adjudicadas a su empresa fueron abandonadas, pese a haber cobrado la totalidad de los contratos, con un avance promedio que no superaba el 36%.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el reclamo por el resarcimiento económico quedó virtualmente paralizado. Con el reciente aval de la Corte, el Poder Judicial busca avanzar con celeridad en la recuperación de activos.
Qué investiga la causa Vialidad
El expediente analiza el presunto direccionamiento de contratos viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se estima que el 80% de las licitaciones fueron adjudicadas a empresas del entorno de Báez, con mecanismos que la Justicia tipificó como asociación ilícita y administración fraudulenta.
El caso no sólo generó impacto político por la magnitud de los involucrados, sino también por el volumen de fondos públicos comprometidos y el alcance del presunto entramado de corrupción.
Fuente: ADN Sur
