Santa Cruz analiza alternativas para defender sus acciones de YPF

Así lo reveló el ministro de Energía, Jaime Alvarez, ante la consulta de La Opinión Austral. La provincia tiene hoy el 5% de las acciones del paquete que administra el Estado Nacional y es la única que avanzó en el pago de las mismas. El acuerdo original por dicho porcentaje fue por USD 512 millones.

*Por Irene Stur

Dos fallos de la jueza Loretta Preska de Nueva York causaron un cimbronazo en la Argentina. La magistrado ordenó, este lunes, que en un plazo de 14 días, la Argentina transfiera la titularidad del 51% de las acciones que posee de YPF a dos fondos buitres.

Para cumplir con la sentencia a favor, mayoritariamente de Burford Capital, el fondo de inversión que demandó al Estado nacional luego de adquirir la deuda de Petersen Energía, empresa que se declaró en quiebra luego de que, tras la expropiación YPF, dejó de pagar dividendos, lo que habría provocado, según la compañía, su colapso.

El juicio comenzó en 2015 y en septiembre de 2023 la jueza Preska realizó el primer fallo condenando al país a pagar estos USD 16.000 millones. La Argentina apeló y en medio, Burford pidió que se enajenaran las acciones estatales en YPF como pago de la deuda.

Finalmente, este lunes, la magistrada estadounidense accedió al pedido del Fondo y ordenó la transferencia. Pocas horas después, emitió un segundo fallo, esta vez a favor de otro fondo buitre: Bainbridge. Es por USD 95 millones más intereses por deuda en default. Y ordena que también se le pague con acciones de YPF.

El Estado Nacional no tiene el 51%

La orden de la Jueza es, soberanamente, de imposible cumplimiento. Comenzando porque, por la ley de Expropiación, el 51% de las acciones que hoy administra el Estado Nacional no es completamente propio. Sólo el 26% del mismo es propio de la Nación. El otro 25% se divide entre las 9 provincias en las que YPF tenía operaciones: Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, La Pampa y Formosa.

A Santa Cruz le tocó, en ese momento, el 5% de las acciones. La ley establecía que ese 25% serían acciones “sindicadas” por 50 años a favor del Estado Nacional, es decir que el poder de decisión y administración lo concentra el Estado Nacional por el 51% en total, el 26% propio y el 25% de las provincias.

En marzo de 2014, el entonces Secretario Legal y Técnico de la Nación, Carlos Zannini, confirmó en el pleno de comisiones de Minería, de Energía y de Presupuesto del Senado de la Nación, que las provincias acordaron con el Estado Nacional pagar por su paquete accionario para acceder a la titularidad efectiva del mismo y aclaró:  “La Nación no les va a poder reclamar a las provincias más que el porcentaje de los 5 mil millones de dólares que está pagando por la empresa”

Ese porcentaje, fue cuantificado en el acuerdo firmado entre Nación y las nueve provincias accionistas. En el caso de Santa Cruz, su participación accionaria del 5% fue tasada en USD 512 millones.

Santa Cruz única titular

Dos años antes de esa exposición en el Senado, Santa Cruz firmó un acuerdo con el Estado Nacional  y otro con YPF, por la prórroga de las concesiones petroleras de la operadora en la provincia.

Los dos se relacionan porque se fija la cesión de la titularidad de las acciones expropiadas a Santa Cruz, a cambio de “derechos y/o beneficios” a favor de la petrolera en las condiciones de la prórroga, sin sujetarse, específicamente a la provincial Ley 3.117 que regla las condiciones para la extensión de las concesiones de las áeas hidrocarburíferas en la Provincia.

De hecho, por ley 3.294 la Cámara de Diputados provincial, el 8 de noviembre de 2012, ratificó el acta acuerdo que firmó el gobernador Daniel Peralta con el ministro de Planificación Julio de Vido, el 2 de noviembre de 2012. Mediante la misma, se establece en el primer artículo “la cesión” de la participación accionaria en YPF del Estado Nacional, a favor de la provincia de Santa Cruz. Con la salvedad que el mismo sería efectivo “una vez concluido el proceso expropiatorio” y que el precio a pagar por Santa Cruz, sería el derivado de lo que “efectivamente haya pagado el Estado Nacional” a Repsol, con quién la Argentina acordó, en 2014, el pago de USD 5.000 millones, por la totalidad de las acciones expropiadas.

En el artículo 3ro de dicha Acta Acuerdo, se establece que Santa Cruz pagará a la Nación, “a cuenta del precio referido en la cláusula anterior, 60 (sesenta) cuotas mensuales de USD 1.000.000 (dólares estadounidenses un millón) cada una, venciendo la primera de ellas a los 10 (diez) días hábiles de la entrada en vigencia del Acuerdo de Prórroga y las restantes el día 5 (cinco) de cada mes”.

Al tiempo que se aclara que dicho pago podría ser efectuado en efectivo o mediante la cesión de los créditos por valor equivalente que le adeude YPF S.A. en virtud del Acuerdo de Prórroga.

Se agrega que se estableceria una comisión para “establecer las condiciones bajo las cuáles se liquidará el importe final resultante de la compensación entre el valor de las acciones de YPF S.A. que el Estado Nacional le transfiera a la Provincia y los beneficios obtenidos directamente por YPF S.A. de la provincia de Santa cruz con motivo del Acuerdo de Prórroga, considerando asimismo la capitalización de tales beneficios por el Estado Nacional en YPF SA.

Prórroga de áreas

En esa misma sesión, los diputados respaldaron el acta de prórroga de las concesiones de YPF, bajo la ley 3295. En los considerandos del acta acuerdo entre Santa Cruz e YPF, se recuerda el acta del 9 de agosto de 2012, firmada entre las provincias productoras y la Nación, “a fin de establecer las condiciones bajo las cuales este último cederá a las provincias la parte de las acciones de YPF sujetas a expropiación en virtud de lo dispuesto en la citada Ley, contemplando una serie de acciones específicas a favor de YPF entre otras, las relacionadas con la prórroga de las concesiones”.

Al mismo tiempo que se remarca “Que en virtud de la futura cesión de acciones de YPF a favor de la Provincia, esta reconoce a YPF ciertos derechos y/o beneficios diferenciales a los contemplados en las Leyes Provinciales 3117 y 3122 dados los beneficios adicionales que percibirá la Provincia por ser accionista de YPF“.

Cabe aclarar que entre la diferencia del canon de prórroga (prácticamente se pagó un tercio de lo establecido por la ley 3.117) y del canon por regalías extraordinarias, por decir dos de los puntos más visibles con los que se benefició la petrolera nacional en el acta acuerdo, más los USD 60 millones en efectivo, se cubrieron, prácticamente en su totalidad, los USD 512 millones que Santa Cruz estaba obligada a pagar en 2014.

Acción Legal conjunta

A partir de esta situación, el ministro de Energía, Jaime Alvarez, reconoció en la conferencia de prensa que hubo comunicación con YPF este mismo martes a primera hora y que los equipos legales de la Provincia y de la petrolera, trabajarán en conjunto para lograr revocar la decisión de la jueza Loretta Preska.

“La provincia de Santa Cruz, a través de su cuerpo de abogados, va a defender  los intereses de la Provincia y tomará todos aquellos recaudos a nivel nacional e internacional para defender sus intereses” marco el titular de la cartera energética.

Y detalló: “En las próximas horas, la Fiscalía de Estado comenzará a trabajar de forma conjunta, también con el equipo técnico de abogados de YPF, de acuerdo a la comunicación que tuvimos con la empresa a primera hora de esta mañana. La empresa va apelar la medida de la Jueza Preska y veremos cuál es la definición de la Justicia respecto a esta presentación y la que haga la República Argentina”.

Fuente: Irene Stur, para la Opinión Austral