Santa Cruz y Chubut reclaman al CFP una mayor cuota social de langostino
Las provincias patagónicas exigirán al Consejo Federal Pesquero una compensación por mantener vedado el Golfo San Jorge, área clave en la reproducción del recurso.
Un área estratégica para la reproducción del langostino
El Golfo San Jorge, ubicado entre Santa Cruz y Chubut, es una de las zonas más sensibles del litoral argentino desde el punto de vista ecológico y productivo. Allí se inicia el ciclo biológico del langostino (Pleoticus muelleri), especie central para la pesca nacional.
Ambas provincias han mantenido vedada esta área con el fin de preservar la reproducción y garantizar la sustentabilidad. Sin embargo, esta política ha tenido consecuencias.
Según trascendió de manera oficial, las flotas, las plantas de procesamiento y los trabajadores locales han afrontado temporadas con menor actividad en favor de la preservación del recurso.
Un recurso estable, una situación social frágil
En la reunión de la Comisión de Seguimiento del Langostino realizada en mayo de 2025 se confirmó la estabilidad de la biomasa y la alta presencia de ejemplares durante los últimos ocho años. A pesar de ello, las provincias del sur enfrentan dificultades crecientes.
Desde Santa Cruz argumentan que las comunidades pesqueras sufren reducción del empleo, falta de acceso a materia prima y un uso parcial de las capacidades industriales.
Señalan también una presión creciente de los mercados internacionales, que exigen productos con mayor valor agregado y trazabilidad, algo que requiere un flujo regular y garantizado de langostino en origen.
Una demanda legítima con fundamentos técnicos
Ante este panorama, las provincias anticiparon que llevarán al Consejo Federal Pesquero una solicitud concreta de ampliación de la cuota social. Ya no como una aspiración simbólica, sino como una exigencia fundamentada en el esfuerzo territorial sostenido.
Una alta fuente del gobierno santacruceño lo resumió con claridad: si se espera que las provincias sigan asumiendo el costo social y económico de mantener un espacio vedado, deben recibir un reconocimiento material en forma de mayor volumen de recurso para sostener empleo, procesar en origen y agregar valor.
Un precedente que vuelve al centro del debate
La provincia de Río Negro también podría acompañar esta postura, como lo hizo en 2024 al solicitar una cuota de 3.500 toneladas por motivos de interés social. Aunque dicha solicitud no fue concedida, el precedente permanece vigente.
El federalismo pesquero, en cuestión
Para los gobiernos provinciales, el tema trasciende la cantidad de toneladas. Lo que está en juego es la credibilidad de una política nacional que se dice federal, pero que debe demostrarlo equilibrando criterios biológicos con necesidades sociales y compromisos territoriales.
Las jurisdicciones del sur acudirán con datos técnicos y un pedido claro: si el Golfo San Jorge seguirá cerrado por el bien común, ese aporte debe compensarse con una asignación superior a las 3.800 toneladas actuales, que pueden triplicarse en casos de abundancia comprobada.
Fuente: Revista Pescare
