Revés para el Colegio Upsala: La Justicia le dio la razón al CPE
El Consejo de Educación suspendió por irregularidades, primero y luego redujo el subsidio al colegio privado.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Cruz (integrada por los jueces Enrique Luis Arenillas, María Cecilia García y Jorge Ariel Chávez) rechazó el amparo presentado por la empresa que administra el Colegio Upsala S.A. de El Calafate, y con ello también desechó la medida cautelar solicitada en el marco de ese reclamo.
Con esta decisión, quedó sin efecto la obligación que el Consejo Provincial de Educación (CPE) de la provincia de Santa Cruz tenía, hasta ese momento, de enviar los fondos complementarios que la institución reclamaba, lo que implica que –según lo resuelto– no existe deuda alguna del CPE hacia el colegio.
Antecedentes del conflicto
El conflicto se originó cuando el CPE decidió, en octubre/noviembre de 2024, suspender o reducir de modo drástico la subvención que hasta ese momento recibía el Colegio Upsala. Según el medio local, la subvención pasó de percibir aproximadamente $ 95 millones mensuales a un aporte mensual fijo de $ 20 millones. La reducción motivó que el establecimiento aplicara una “cuota extraordinaria” para los padres, en algunos casos cuadruplicando o más el valor habitual.
El CPE justificó su decisión basándose en irregularidades administrativas y fiscales detectadas en la institución privada, que motivaron auditorías y denuncias.
Posteriormente, el colegio presentó una acción de amparo en la jurisdicción de El Calafate, con un conjuez (Dr. Raúl Cardozo) al frente, ya que el juez titular se abstuvo por un conflicto de intereses. Esa instancia, en primera instancia, había ordenado al CPE restituir los fondos adeudados (entre octubre 2024 y marzo 2025) y había aceptado una medida cautelar para asegurar el envío de la subvención.
Motivos del rechazo por parte de la Cámara
En su fallo, la Cámara sostuvo que la vía del amparo no era la adecuada para la naturaleza de este reclamo, ya que se trataba de una “controversia económica” sobre el pago de subsidios o subvenciones, y no de una violación manifiesta de derechos constitucionales (ilegalidad, arbitrariedad o abuso de poder).
Asimismo, consideró que no existía conducta ilegal o patente sin control por parte del CPE que justificara el amparo solicitado, y por tanto invalidó la sentencia de primera instancia (que había dado lugar al reclamo) por improcedente.
Qué viene ahora
Con la resolución de la Cámara, el reclamo de la empresa propietaria del Colegio Upsala queda sin amparo dentro de esa instancia; sin embargo, la vía aún está abierta para un eventual recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz si la parte demandante decide apelar.
Por su parte, el CPE celebró la decisión señalando que el fallo respalda la legalidad de su accionar y el adecuado control de los fondos públicos.
Importancia para la comunidad y la educación privada en la provincia
Este dictamen tiene implicancias más allá del caso puntual:
- Reafirma que los establecimientos privados que reciben subvenciones o aportes del Estado están sujetos al control, a la rendición de cuentas y a que los fondos se manejen dentro de lo que establecen las normas.
- Marca un límite al uso de la vía del amparo para controversias que el tribunal entiende tienen naturaleza económica o contractual más que de derechos constitucionales.
- Pone en tensión la relación entre el Estado provincial y los colegios privados que dependen, en parte, de aportes públicos: la reducción o cambio en la modalidad de subvención provocó un fuerte impacto en los padres de alumnos (quienes debieron afrontar aumentos de cuotas).
- Genera un precedente en Santa Cruz sobre la supervisión estatal de subsidios/subvenciones educativas y la posibilidad de que se judicialice la misma.
El fallo de la Cámara de Apelaciones pone fin, por ahora, a la vía de amparo utilizada por el Colegio Upsala para reclamar el envío pleno de la subvención que el Estado provincial había recortado. La decisión implica una victoria para el CPE en cuanto a que no se reconoció obligación adicional de pago al colegio, y deja a la institución privada con la carga de optar por apelar o asumir la pérdida.
