Ajuste energético: el Senado aprobó el recorte de subsidios en zonas frías y consolida un triunfo político para el oficialismo
Con 38 votos a favor, la Cámara alta dio luz verde a la revisión del esquema de tarifas de gas. La medida retrotrae la expansión implementada durante la gestión kirchnerista, limita el beneficio a la región patagónica y sectores de extrema vulnerabilidad, y representa una victoria clave para la estrategia legislativa del Gobierno.
En una sesión clave que demandó semanas de arduas negociaciones, el Senado de la Nación aprobó este miércoles el proyecto para recortar los subsidios al gas en las denominadas “zonas frías”. La iniciativa impulsada por el oficialismo logró reunir 38 votos afirmativos y apenas ocho en contra, consolidando un triunfo político estratégico para la bancada referenciada en la administración nacional.
El entendimiento legislativo permite retrotraer la ampliación masiva del régimen que se había implementado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. De esta manera, el esquema tarifario oficial retoma su diseño geográfico original, focalizando la asistencia estatal estrictamente en la región patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna, además de contemplar criterios socioeconómicos puntuales para el resto del país.
Cómo queda el esquema de subsidios y quiénes mantienen el beneficio
Con la nueva normativa, el alcance de las bonificaciones sobre el servicio de gas sufre una modificación estructural. Los cambios principales contemplan los siguientes puntos:
– Foco regional histórico: Se ratifican los subsidios focalizados en las zonas de clima más hostil, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.
– Criterios de ingresos: en el resto de las jurisdicciones, el acceso a la tarifa diferencial quedará reservado de manera exclusiva para aquellos hogares cuyos ingresos netos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), un umbral que actualmente ronda los 4,4 y 4,7 millones de pesos.
– Excepciones sociales: las personas con certificación de discapacidad y los veteranos de la Guerra de Malvinas conservarán el beneficio de forma directa, sin quedar alcanzados por las restricciones de ingresos[cite:
– Modificación en el cálculo: el subsidio oficial pasará a aplicarse sobre la etapa de generación del fluido y no sobre la distribución, rubro este último que concentra el mayor peso en la factura final de los usuarios.
El impacto territorial: provincias y municipios alcanzados por la exclusión
La reestructuración del régimen de zonas frías generará un impacto directo y disímil en diversos distritos del país que habían sido incorporados en la extensión del año 2021.
La provincia de Buenos Aires será una de las más afectadas, con más de 50 municipios excluidos del beneficio general —entre los que se destacan General Pueyrredón (Mar del Plata), Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Necochea y distritos del norte y centro bonaerense—. Una situación similar recaerá sobre el centro y sur de Santa Fe (incluyendo Rosario), departamentos clave de Córdoba (como Río Cuarto y San Alberto), gran parte de La Pampa, además de localidades en San Juan, San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán.
En estos distritos, los usuarios residenciales perderán la bonificación universal que abarcaba hasta un 50 % de la tarifa, debiendo tramitar su inclusión en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) siempre y cuando cumplan con los parámetros socioeconómicos requeridos.
Negociación contrarreloj y el costo político de la sanción
El poroteo previo en la Cámara alta exigió intensas gestiones por parte de la jefatura de Gabinete para destrabar voluntades provinciales. Para asegurar el número de manos alzadas en el recinto, el Ejecutivo debió asumir compromisos adicionales orientados a incorporar esquemas de compensación en “zonas cálidas” y subsidios eléctricos en determinadas regiones del norte argentino.
Desde la vereda enfrente, bloques opositores ya advirtieron que utilizarán el impacto de las subas en las boletas —que se acoplarán a los consumos de la temporada invernal— como eje de debate de cara al próximo tramo del calendario electoral.
Con este panorama, el Gobierno logra ordenar una de sus metas fiscales prioritarias en materia de contención del gasto público, a costo de abrir un frente de alta sensibilidad social en el interior productivo del país.
