Reforma laboral: informes privados estima una baja del 38% en los costos laborales no salariales
Un análisis de la consultora PxQ sostiene que la iniciativa del Gobierno generaría un impacto positivo inmediato en los resultados de las empresas, al reducir cargas laborales y modificar el régimen de indemnizaciones, con efectos sobre la rentabilidad y la “seguridad jurídica operativa”.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei inaugura “una nueva era para el empleo en la Argentina”, según un informe elaborado por la consultora PxQ, dirigida por el economista Emanuel Álvarez Agis. El estudio estima que la iniciativa permitiría una reducción del 38% en los costos laborales no salariales, con mejoras inmediatas en los balances empresariales.
Se trata del primer reporte de PxQ desarrollado con su herramienta de Inteligencia Artificial, PxQ Macrobot, diseñada para acelerar y precisar el análisis económico y financiero. El documento anticipa la línea de los informes que la consultora publicará durante el próximo año, con foco en regulaciones, finanzas y políticas públicas.
Menores costos y mejora inmediata en resultados
El informe toma como ejemplo una empresa mediana con una masa salarial mensual de $100 millones. En ese caso, calcula que las contribuciones patronales se reducirían de $18 millones a $15 millones, mientras que los aportes a obras sociales bajarían de $6 millones a $5 millones. Además, la empresa dejaría de destinar $8,3 millones mensuales a previsiones por despido.
Como contrapartida, debería aportar $3 millones al nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Aun así, el balance final arroja un ahorro total de $12,33 millones mensuales, lo que implica una reducción del 38% en los costos laborales no salariales, con un impacto positivo inmediato sobre las ganancias antes de intereses, impuestos y amortizaciones.
Según PxQ, los tres pilares de la reforma son el Fondo de Asistencia Laboral, la reducción de cargas fiscales y la seguridad jurídica operativa, derivada de la tipificación de bloqueos como causal de despido y del cierre de vías de litigiosidad.
El Fondo de Asistencia Laboral y el riesgo fiscal
El informe detalla que el FAL reemplaza el actual régimen de indemnizaciones por una contribución mensual del 3%, compensada con una reducción equivalente de aportes empresariales al Sistema Previsional (SIPA). De ese modo, el efecto financiero sería neutro para las empresas.
Las contribuciones al FAL serán administradas por entidades privadas supervisadas por la CNV. Además de no implicar un costo adicional, la eliminación de las previsiones por despido liberaría capital y mejoraría los ratios de solvencia empresariales.
No obstante, PxQ advierte que, al absorber el Estado el costo futuro de los despidos mediante la renuncia a aportes al SIPA, se introduce un riesgo fiscal de mediano plazo para la sostenibilidad del sistema previsional.
Alivios fiscales y cambios en la normativa laboral
El estudio también enumera reducciones sectoriales en contribuciones patronales: del 20,4% al 17,4% en Comercio y Servicios, del 18% al 15% en Industrias y Pymes, y del 6% al 5% en aportes a obras sociales. A esto se suma la eliminación de impuestos internos sobre vehículos, telefonía, objetos suntuarios, embarcaciones, aeronaves y seguros.
Asimismo, se destacan nuevos regímenes de incentivos, la amortización acelerada de inversiones pequeñas y la limitación a tres meses del plazo de devolución del IVA, una demanda histórica del sector empresario y de los exportadores.
La mayor seguridad jurídica operativa, según el informe, surge no solo de considerar el bloqueo de ingresos o egresos como causal de despido, sino también de la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales, donde deberá garantizarse una cobertura mínima del 75%, la eliminación de multas por deficiencias registrales y el cierre de mecanismos asociados a la llamada “industria del juicio”.
— Cambios en los aportes sindicales
El documento también señala que los aportes con destino sindical fueron uno de los puntos más discutidos dentro del Gobierno. Finalmente, la reforma establece que las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención de la cuota solidaria para los gremios.
De sancionarse la ley, los sindicatos deberán buscar mecanismos alternativos de financiamiento, basados en la cuota sindical voluntaria, lo que implica un cambio sustancial en el esquema de recaudación gremial vigente.
