Gas en zona fría: el Gobierno habilita a Caputo a subir o bajar el recargo que financia el régimen
El Ministro de Economía podrá subir o bajar hasta en un 50% el recargo que financia el beneficio patagónico. La medida reabre el debate sobre el alcance del mismo, que fue ampliado a más de la mitad del país.
El Gobierno nacional volvió a mover una pieza sensible en el tablero energético: el esquema de subsidios al gas en zonas frías. A través de un decreto reciente, el presidente Javier Milei facultó al ministro de Economía, Luis Caputo, para modificar el nivel del recargo que se aplica en las facturas de gas en todo el país.
La decisión no es menor. Ese recargo —que se cobra sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)— es el que financia los descuentos de entre 30% y 50% para usuarios de regiones consideradas “frías”. A partir de ahora, Economía podrá aumentarlo o reducirlo con un margen de hasta el 50%.
En términos políticos, el movimiento concentra poder en una sola cartera y deja abierto un interrogante central: cuánto está dispuesto el Gobierno a sostener —o recortar— un beneficio que alcanza a millones de hogares.
Qué está en juego: subsidios, tarifas y equilibrio fiscal
El régimen de zona fría funciona como un sistema solidario: todos los usuarios del país pagan un recargo en su factura para subsidiar a quienes viven en climas más duros. Ese esquema, que nació para cubrir a unas 850.000 viviendas, se amplió en 2021 a más de 4 millones de usuarios, es decir, cerca de la mitad del país.
Para sostener esa expansión, el recargo fue escalando. Solo en 2025, el Gobierno lo ajustó varias veces, llevándolo a niveles cercanos al 6,8% del precio del gas.
Con el nuevo decreto, ese porcentaje deja de ser una variable relativamente estable y pasa a convertirse en una herramienta directa de política fiscal. En otras palabras: el recargo puede subir para sostener subsidios o bajar como parte del ajuste del gasto.
Regiones frías y productoras: la doble tensión
El punto más sensible no es técnico, sino político y territorial. Las provincias patagónicas y otras regiones frías no solo dependen del subsidio: también son, en muchos casos, productoras de gas.
Ahí aparece la tensión de fondo: ¿Por qué distritos que generan el recurso deben pagar —directa o indirectamente— por un beneficio que podría ser recortado desde Buenos Aires?
El debate no es nuevo, pero la decisión de centralizar la facultad en Economía lo profundiza. Sobre todo porque el Gobierno ya había dado señales de incomodidad con el esquema vigente, al considerarlo “regresivo” o mal focalizado tras su ampliación.
En ese contexto, el riesgo percibido por gobernadores y actores del sector es claro: que el recargo se convierta en una variable de ajuste más.
El trasfondo: ajuste, subsidios y redefinición del modelo energético
La medida encaja en una estrategia más amplia del oficialismo: reducir subsidios y ordenar el esquema tarifario. Desde esa lógica, el régimen de zona fría aparece como un sistema costoso, expandido y —según la visión del Gobierno— poco eficiente en su focalización.
Pero del otro lado, el argumento es igual de contundente: en regiones donde el invierno no es una variable sino una constante, el gas no es un lujo, es un servicio esencial.
El problema es que ambas miradas chocan en un mismo punto: la factura. Y ahora, esa tensión dependerá de una sola firma.
Un conflicto que recién empieza
La habilitación a Caputo para modificar el recargo no implica un cambio inmediato en las tarifas, pero sí abre un escenario de mayor incertidumbre.
Cada punto porcentual que se mueva impactará en dos direcciones: Lo que pagan los millones de usuarios del sistema, y la presión que eso provoca, sobre el régimen en sí mismo. Sobre todo en la ampliación que se hiciera años atrás, sumando zonas “no tan frías” a un beneficio que sólo tenía la Patagonia, que además, es la mayor productora de gas de la Argentina.
