Paro docente: el Gobierno prepara controles en las escuelas y anticipa sanciones a los gremios
El Gobierno nacional supervisará este lunes el cumplimiento del 75% de las clases durante el paro docente convocado por CTERA y advirtió que podría aplicar sanciones si detecta incumplimientos.
El conflicto se produce en el inicio de las actividades tras el receso invernal y constituye la primera medida de fuerza docente de alcance nacional desde la entrada en vigencia de la reforma laboral, que incorporó a la educación básica entre los servicios considerados esenciales.
El Gobierno controlará el cumplimiento del 75%
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ratificó que la Ley 27.802 establece una prestación mínima del 75% para determinados servicios considerados esenciales o de importancia trascendental.
La normativa incluye el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primario, secundario y educación especial.
Por ese motivo, la administración de Javier Milei desplegará durante este lunes una supervisión de establecimientos educativos para identificar posibles incumplimientos. Según fuentes oficiales, si se detectan irregularidades se realizarán las denuncias correspondientes y podría iniciarse un proceso sancionador.
La primera medida prevista sería una multa, aunque desde el Gobierno señalaron que el procedimiento puede extenderse durante un período considerable. También advirtieron que, en determinadas circunstancias, los sindicatos podrían enfrentar sanciones más severas, incluida la pérdida de la personería gremial.
La disputa judicial por la esencialidad educativa
La aplicación de la medida sobre la educación fue cuestionada judicialmente por organizaciones sindicales. La Unión Docentes Argentinos (UDA), conducida por Sergio Romero, recurrió la declaración de esencialidad y el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 había suspendido inicialmente su aplicación.
El Estado nacional apeló esa decisión y, según la interpretación oficial, la reforma laboral continúa vigente mientras no exista una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.
El Gobierno sostiene así que la obligación de garantizar el 75% de la prestación educativa debe cumplirse durante la jornada de protesta.
Pettovello convocó al Consejo Federal de Educación
Ante la medida de fuerza, Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación, integrado por los ministros del área de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la reunión virtual, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ratificó la decisión de exigir el cumplimiento de la normativa y coordinar las tareas de fiscalización.
La ministra sostuvo posteriormente que se habían articulado acciones para garantizar la continuidad de las clases y organizar la inspección nacional durante el paro del lunes 3 de agosto.
CTERA reclama salarios y la convocatoria a paritaria
La medida de fuerza fue ratificada por CTERA y alcanza a escuelas de todo el país. El sindicato reclama principalmente la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial y la restitución del FONID.
Según el gremio, el salario mínimo docente se encuentra actualmente en torno a los $500.000, mientras que el fondo nacional que otorgaba un incentivo a maestros y profesores fue eliminado en 2024.
La protesta también plantea reclamos vinculados con el financiamiento educativo y las condiciones laborales del sector.
En Santa Cruz, los gremios ADOSAC y AMET confirmaron su adhesión al paro nacional.
El Gobierno responsabiliza a las provincias por los salarios
Desde Capital Humano remarcaron que la Nación no es empleadora directa de los docentes y que la determinación de salarios y condiciones laborales corresponde a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El argumento oficial se basa en el esquema vigente desde 1992, cuando las jurisdicciones asumieron la responsabilidad sobre sus sistemas educativos.
La cartera también cuestionó que los gremios reclamen una paritaria nacional pese a que la propia CTERA había judicializado una normativa que otorgaba al Consejo Federal mayores facultades sobre cuestiones educativas.
El conflicto podría terminar en sanciones
En la Casa Rosada anticipan un escenario de conflicto con los sindicatos si el paro se desarrolla sin garantizar el porcentaje mínimo establecido por la legislación.
Como antecedente, el Gobierno recordó la sanción aplicada recientemente a La Fraternidad, que recibió una multa superior a $21.000 millones por participar de una medida de fuerza mientras regía una conciliación obligatoria.
Aunque reconocen que se trata de procedimientos extensos, las autoridades nacionales advirtieron que el incumplimiento de la normativa podría derivar en multas y, en situaciones de mayor gravedad, incluso afectar la personería gremial de las organizaciones involucradas.
