Río Gallegos: el Gobierno de Santa Cruz asegura que Grasso tiene fondos para pagar sueldos y aportes
La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, afirmó que los propios datos presentados por la Municipalidad de Río Gallegos muestran que cuenta con recursos suficientes para afrontar el costo salarial y cumplir con las obligaciones previsionales. Según explicó, el municipio registra ingresos promedio por $ 14.000 millones mensuales frente a un costo salarial estimado en $ 8.000 millones.
Durante una conferencia realizada este jueves en Casa de Gobierno, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, rechazó que la Provincia haya retenido fondos correspondientes al municipio y sostuvo que el Ejecutivo mantiene abierto el diálogo con las intendencias.
“Nosotros no hicimos ninguna retención de aportes”, afirmó Elmiger, quien señaló que la administración provincial busca avanzar en un proceso de sinceramiento de las cuentas públicas junto con los municipios y las comisiones de fomento.
La funcionaria explicó que el objetivo es contar con información precisa sobre la situación financiera de cada localidad antes de definir eventuales medidas.
Los números de Río Gallegos: $ 14.000 millones de ingresos y $ 8.000 millones de costo salarial
Uno de los principales argumentos planteados por el Gobierno provincial se basa en la información que, según Elmiger, fue presentada por representantes de la Municipalidad de Río Gallegos.
De acuerdo con el análisis realizado junto al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, los ingresos municipales —entre coparticipación y recaudación propia— alcanzan un promedio cercano a $ 14.000 millones mensuales.
Frente a ese nivel de recursos, el costo salarial total rondaría los $ 8.000 millones, incluyendo las obligaciones asociadas. De esta manera, quedarían aproximadamente $ 6.000 millones para afrontar el funcionamiento municipal.
Con esos datos, Elmiger sostuvo que el municipio tiene capacidad para cumplir con el pago de salarios y realizar los aportes correspondientes, aunque debería avanzar en una mayor eficiencia y priorización del gasto público.
Elmiger: “La plata para pagar salarios la Municipalidad la tiene”
La ministra buscó llevar tranquilidad a los trabajadores municipales y remarcó que, según la documentación analizada por la Provincia, existen recursos para afrontar los haberes.
“La tranquilidad de los trabajadores municipales la tienen que tener”, sostuvo Elmiger, al insistir en que los números presentados permiten concluir que el municipio dispone de fondos para pagar los salarios.
En ese marco, planteó que el eje de la discusión no debería estar puesto únicamente en el nivel de ingresos, sino también en cómo se administran y priorizan los recursos públicos.
“La idea no es ahogar a las municipalidades, no es que no puedan pagar sueldos”, afirmó la funcionaria, quien defendió un esquema de trabajo conjunto para ordenar las finanzas municipales de Santa Cruz.
Aportes a la Caja de Previsión Social: qué reclama la Provincia
Otro de los puntos centrales de la conferencia fue la situación de los aportes previsionales de los trabajadores municipales.
Elmiger diferenció las disposiciones de la Ley 2.401, vinculadas con la distribución de recursos, de las obligaciones establecidas por la Ley 1.782, que contempla el régimen previsional y los aportes personales y contribuciones patronales.
La ministra remarcó especialmente que los aportes personales descontados de los salarios deben ser transferidos a la Caja de Previsión Social (CPS). Según explicó, cuando el descuento ya fue realizado sobre el sueldo, existe una obligación del empleador de transferir esos fondos al organismo previsional.
A su vez, aclaró que esta situación no implica que los trabajadores municipales pierdan el acceso a sus beneficios jubilatorios, dado que la CPS continúa garantizando las prestaciones correspondientes.
El Gobierno prioriza el diálogo antes de una eventual judicialización
Frente a la posibilidad de que el conflicto por los aportes termine en la Justicia, Elmiger sostuvo que la primera alternativa del Ejecutivo provincial será mantener las conversaciones con los municipios.
La funcionaria señaló que actualmente se está completando un diagnóstico de la situación financiera de las distintas administraciones locales. Una vez reunida esa información, la intención es retomar las reuniones con intendentes y equipos técnicos para definir mecanismos que permitan ordenar las obligaciones pendientes.
El Gobierno provincial busca evitar una judicialización del conflicto, aunque Elmiger reconoció que deberán analizarse otras alternativas si las instancias de diálogo no permiten alcanzar un acuerdo.
Coparticipación municipal: el debate deberá pasar por la Legislatura
La situación financiera de Río Gallegos también volvió a poner sobre la mesa la discusión por el régimen de coparticipación municipal en Santa Cruz.
Elmiger recordó que el esquema actual está establecido por ley y que cualquier modificación deberá ser debatida y aprobada por la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
La discusión incluye tanto la distribución primaria —es decir, cuánto de los recursos queda en manos de la Provincia y cuánto reciben los municipios— como la distribución secundaria, que determina cómo se reparte entre las distintas localidades.
Desde el Ejecutivo provincial plantearon que cualquier debate sobre una nueva distribución de fondos debería estar acompañado por una estrategia destinada a incrementar los ingresos generales de la provincia.
Una disputa que combina salarios, aportes y recursos municipales
La discusión entre la Provincia y el Municipio de Río Gallegos excede así el reclamo puntual por el pago de salarios. El eje del conflicto también abarca el cumplimiento de las obligaciones previsionales, el manejo del gasto y el régimen de coparticipación.
Mientras el Gobierno provincial sostiene que los números presentados por la propia Municipalidad muestran margen para afrontar salarios y aportes, la administración provincial plantea la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto y establecer criterios sostenibles para las finanzas de las comunas.
Por ahora, la estrategia oficial apunta a profundizar el intercambio técnico y político con los municipios antes de avanzar hacia otras instancias. El desafío será transformar ese diagnóstico financiero en acuerdos concretos que permitan garantizar el funcionamiento municipal y, al mismo tiempo, sostener el sistema previsional y la obra social provincial.
