Inflación en baja y más crédito: el Gobierno apuesta a reactivar la economía sin emitir pesos
Con la inflación por debajo del 2% y tasas relativamente estables, el Gobierno busca impulsar el crédito y recuperar sectores rezagados sin aumentar el gasto público ni emitir dinero.
El Gobierno nacional busca reactivar la economía a través de una combinación de desinflación, tasas estables y mayor disponibilidad de crédito, con especial foco en sectores que quedaron rezagados por el cambio de política económica implementado desde fines de 2023.
Luego de flexibilizar los préstamos en dólares para empresas, el equipo económico anunció un nuevo programa destinado a ampliar el crédito hipotecario, financiado con recursos de largo plazo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó durante la presentación el impacto que la iniciativa podría tener sobre el acceso a la vivienda y señaló el potencial “efecto multiplicador” de los préstamos sobre la actividad económica.
La expectativa oficial es que el financiamiento no solo impulse las operaciones inmobiliarias, sino que también genere un mayor movimiento en la construcción, un sector caracterizado por una elevada sensibilidad al ciclo económico y con capacidad para generar empleo.

El crédito como motor de la actividad
Uno de los objetivos centrales del programa es acelerar la colocación de nuevos préstamos. Los bancos que accedan al fondeo del FGS tendrán 90 días para transformar los recursos recibidos en créditos hipotecarios.
La meta implica una escala relevante para el mercado: se estima que podrían generarse alrededor de 18.000 nuevos créditos hipotecarios en un período relativamente corto. Como referencia, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron apenas unas 5.000 operaciones de compraventa de viviendas con hipoteca durante los primeros siete meses del año.
El Gobierno apunta así a revertir el estancamiento del financiamiento para la vivienda, en un escenario donde la falta de fondeo de largo plazo limita la capacidad de los bancos para ampliar su oferta.
La medida también está orientada principalmente a la clase media, afectada por la pérdida de poder adquisitivo. Según el ejemplo presentado por el Gobierno, una familia que pretenda acceder a una propiedad de unos USD 100.000 debería contar inicialmente con un ahorro cercano a USD 25.000, mientras que el ingreso familiar necesario para afrontar la cuota supera los $3,4 millones mensuales.
Construcción y bienes durables
El Gobierno considera que la recuperación del crédito es necesaria para volver a movilizar distintos segmentos de la economía.
La construcción aparece entre los principales sectores beneficiados potencialmente por una mayor oferta de préstamos hipotecarios. A la vez, el financiamiento también podría favorecer la comercialización de bienes durables, cuyas ventas se vieron afectadas por la retracción del crédito desde mediados de 2025.
Sin embargo, la disponibilidad de financiamiento no garantiza por sí misma una recuperación. En el caso de las pymes, por ejemplo, las empresas que descuentan cheques avalados actualmente pueden acceder a tasas de entre 25% y 30% anual, niveles que resultan negativos en términos reales si se tiene en cuenta la inflación.
El principal obstáculo para muchas empresas, en ese contexto, continúa siendo la falta de ventas.
Tasas estables para evitar una mayor contracción
La estrategia oficial también contempla mantener relativamente contenidas las tasas de interés en pesos.
Cuando la caución bursátil se aproximó al 30% anual, el Tesoro intervino mediante la compra de bonos para inyectar liquidez al mercado. En la última licitación, además, se priorizó la colocación de títulos de corto plazo, con el objetivo de evitar convalidar el incremento de tasas observado en los instrumentos más largos.
La decisión también tiene impacto sobre la refinanciación de deuda morosa, que requiere condiciones financieras relativamente accesibles para evitar una mayor presión sobre empresas y familias.
En ese sentido, el Gobierno decidió mantener las tasas sin modificaciones pese a la reciente suba del dólar, una señal de que busca evitar que un endurecimiento de las condiciones monetarias termine frenando la recuperación de la actividad.
La inflación como condición para la recuperación
El tercer componente de la estrategia es la continuidad de la desinflación.
Después del 2,1% registrado en julio, las estimaciones privadas anticipan que la inflación de agosto volverá a ubicarse por debajo del 2%. Las proyecciones relevadas se encuentran aproximadamente entre 1,6% y 1,9%, mientras que también se espera una moderación en la evolución de los precios de los alimentos.
El dato resulta relevante para el Gobierno porque permitiría interpretar el repunte de julio como un fenómeno asociado principalmente a factores estacionales, vinculados con las vacaciones de invierno, y no como un cambio de tendencia.
El desafío consiste ahora en sostener esa desaceleración mientras se intenta recuperar el consumo, el empleo y la inversión.
La apuesta oficial es avanzar en esa recuperación sin recurrir a una expansión del gasto público ni a emisión monetaria, a diferencia de un tradicional “Plan Platita”. El resultado de la estrategia dependerá de que la estabilidad de precios pueda convivir con una mejora gradual del crédito, los ingresos y el empleo formal.
Fuente: Infobae
