Jubilaciones de privilegio: el Estado destina más de $ 200 millones por mes a 11 beneficiarios
El gasto mensual alcanza los $ 203,8 millones e incluye a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Alberto Fernández encabeza el listado, seguido por Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá.
El Estado nacional destinó en julio $ 203.835.765,06 mensuales al pago de 11 jubilaciones y pensiones de privilegio, según datos difundidos por un informe de Clarín. Los beneficios son abonados por la ANSES y corresponden a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de antiguos mandatarios.
Los haberes presentan diferencias importantes entre los beneficiarios: los montos brutos van desde poco más de $ 12 millones hasta superar los $ 26 millones por mes. La cifra total vuelve a poner bajo la lupa el régimen de asignaciones vitalicias para quienes ocuparon la Presidencia o la Vicepresidencia de la Nación.
Jubilaciones de privilegio: quiénes cobran los mayores haberes
El mayor ingreso mensual del listado corresponde al expresidente Alberto Fernández, cuyo beneficio alcanza los $ 26.092.447. De acuerdo con la información publicada, el 30 % de ese monto se destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco.
En segundo lugar aparece Mauricio Macri, con una asignación mensual de $ 25.043.153,46, mientras que el expresidente Adolfo Rodríguez Saá percibe $ 23.999.253,02.
La magnitud de estos haberes puede observarse al compararlos con la jubilación mínima. Según el informe, el beneficio de Fernández equivale aproximadamente a 52 jubilaciones mínimas de unos $ 498.000, considerando el haber mínimo más el bono mencionado en la publicación.
La lista completa de las 11 asignaciones vitalicias
Los beneficiarios y los montos mensuales informados son:
- Alberto Fernández: $ 26.092.447.
- Mauricio Macri: $ 25.043.153,46.
- Adolfo Rodríguez Saá: $ 23.999.253,02.
- Zulema Yoma: $ 20.618.733,63.
- Gabriela Michetti: $ 18.192.138,24.
- Julio Cobos: $ 17.999.446,65.
- Inés Pertiné: $ 17.561.990,73.
- Beatriz Nelly Andrés, viuda del expresidente de facto Roberto Levingston: $ 16.214.248,39.
- María Estela Martínez de Perón: $ 12.936.493,68.
- Amalia Carmen Guido, hija del expresidente José María Guido: $ 12.691.238,04.
- Daniel Scioli: $ 12.486.621,66.
El caso de Scioli presenta una particularidad: además de haber sido vicepresidente y gobernador bonaerense, actualmente ocupa el cargo de secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Su asignación de $ 12,49 millones mensuales es la más baja entre las 11 contempladas en el relevamiento.
Cuánto representa el gasto para el Estado
El desembolso de $ 203,8 millones por mes implica un gasto anualizado superior a los $ 2.446 millones, si se mantuviera el mismo nivel durante los 12 meses.
El cálculo permite dimensionar el costo presupuestario de estas asignaciones, aunque el régimen contempla situaciones diferentes entre los beneficiarios, ya que no todos son exmandatarios: también aparecen viudas y familiares de expresidentes.
Cristina Kirchner, fuera del listado de 11 beneficiarios
El relevamiento tampoco incluye a Cristina Fernández de Kirchner entre los 11 beneficiarios mencionados. La expresidenta volvió a percibir, por una medida cautelar, la pensión correspondiente a Néstor Kirchner, por un monto informado de aproximadamente $ 16 millones mensuales.
De esta manera, el universo de asignaciones vinculadas con expresidentes y sus familiares resulta más amplio que el listado de 11 beneficios utilizado para calcular los $ 203,8 millones mensuales.
Un régimen que vuelve al centro del debate político
Las asignaciones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes constituyen desde hace años un tema recurrente en la discusión política argentina. El debate combina cuestiones vinculadas con el reconocimiento institucional de quienes ocuparon los máximos cargos del Estado y la necesidad de revisar el costo que determinados regímenes especiales representan para las cuentas públicas.
En un contexto en el que el gasto previsional y el equilibrio fiscal ocupan un lugar central en la agenda económica, el nivel de estos beneficios vuelve a generar atención sobre las jubilaciones de privilegio y el uso de recursos públicos para financiar asignaciones de altos funcionarios y sus familiares.
