Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta cambios restrictivos en discapacidad y abre una brecha de $ 4 billones con las universidades
La hoja de ruta enviada al Congreso profundiza el ajuste fiscal en áreas sensibles. Mientras se fijan nuevas incompatibilidades para las pensiones por invalidez y modificaciones en los aranceles, el financiamiento universitario asignado se ubica muy por debajo de lo requerido por el Consejo Interuniversitario.
El debate legislativo por las cuentas públicas del próximo año comenzó a calentar el escenario político y económico. El proyecto de Presupuesto 2027, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, contempla modificaciones estructurales de alto impacto social que anticipan una dura puja en ambas cámaras, especialmente en lo que refiere a la asistencia en discapacidad y los recursos destinados al sistema universitario nacional.
Bajo la premisa del equilibrio fiscal, el texto oficial detalla una serie de reformas normativas y asignaciones financieras que contrastan fuertemente con los reclamos de los sectores educativos y de asistencia social, consolidando nuevos frentes de conflicto para el tramo final del mandato.
Modificaciones y recortes normativos en Discapacidad
En materia de asistencia social, la iniciativa incorpora cambios drásticos que apuntan a reconfigurar el esquema prestacional y de cobertura. Uno de los puntos más debatidos es la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, fijando la Pensión No Contributiva por invalidez laboral en el 70 % de la jubilación mínima e introduciendo una cláusula de incompatibilidad estricta con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes tributarios simplificados.
Asimismo, el proyecto contempla la derogación de artículos clave de la normativa previa (como los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley Nº 27.793). Esto implica:
– La eliminación de garantías específicas de acceso a programas médicos de atención integral asociados a dichas pensiones.
– La supresión de la conversión de oficio de las pensiones no contributivas tradicionales al régimen de protección social.
– Cambios en el esquema de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, los cuales dejarán de ser universales y pasarán a ser determinados por cada ente obligado, actualizándose trimestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC en el caso del Estado nacional.
Universidades: una brecha de cuatro billones y nuevas exigencias de control
En el plano educativo, el proyecto oficial asigna una partida de 7,3 billones de pesos para el funcionamiento, inversión y programas especiales de las casas de altos estudios. Sin embargo, la cifra profundiza la brecha con las demandas del sector: días atrás, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó su propio proyecto presupuestario en el que estimó un requerimiento de 11 billones de pesos para operar de forma sostenible, dejando un bache de casi cuatro billones.
“La diferencia entre lo requerido y lo proyectado por el Ejecutivo mantiene abierto el frente de disputa, con advertencias desde las universidades sobre posibles judicializaciones y nuevas movilizaciones federales en rechazo al ajuste”.
A esto se suma la incorporación de un artículo específico en la hoja de ruta que otorga al Ministerio de Capital Humano la potestad de interrumpir las transferencias financieras si las instituciones no cumplen con los requerimientos de información exigidos por la cartera. Además, se fijó que los incrementos salariales para el sector se calcularán sobre las plantas vigentes a noviembre de 2026.
Variables macroeconómicas y debate parlamentario en puerta
El texto ingresado al Parlamento —que plasma las previsiones elaboradas por el equipo económico— proyecta para el próximo año un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4 %, una pauta inflacionaria anual del 18 % y un tipo de cambio oficial estimado en $ 1.847,60 hacia fines de periodo.
Con estos números sobre la mesa, el Congreso se encamina a debatir un articulado que no solo redefinirá el ritmo de la obra pública y el gasto corriente, sino que pondrá bajo la lupa la sostenibilidad de las prestaciones sociales y la autonomía financiera de las universidades nacionales.
