Tierra del Fuego pidió mantener frenado el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas
La provincia se presentó en la causa contra Rockhopper y Navitas y solicitó sostener la medida cautelar que suspendió el avance del emprendimiento.
El Gobierno de Tierra del Fuego se presentó en la causa judicial contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited por el proyecto petrolero León Marino (Sea Lion), en la zona de las Islas Malvinas. La provincia pidió mantener la medida cautelar que ordenó suspender el avance de la iniciativa y reclamó que se convoque al Gobierno nacional al expediente.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal de Río Grande a través de la Fiscalía de Estado, a cargo de Virgílio Juan Martínez de Sucre. En el escrito, la provincia sostuvo que el proyecto no debería avanzar hasta que sus riesgos y medidas de prevención sean evaluados por las autoridades argentinas competentes.
“El proyecto León Marino no debe avanzar sin que sus estudios, riesgos y medidas de prevención hayan sido sometidos al examen de las autoridades argentinas competentes, con independencia de quién sea el que lo opere”, sostuvo la provincia.
La medida cautelar contra Rockhopper y Navitas
La presentación se produjo luego de que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hiciera lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).
El 16 de septiembre, la magistrada ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto hidrocarburífero León Marino, previsto sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La causa se inició a partir de cuestionamientos vinculados con la falta de una evaluación de impacto ambiental por parte de las autoridades argentinas. En su resolución, Borruto consideró los posibles efectos ambientales de una actividad hidrocarburífera de gran escala, las intervenciones sobre el lecho marino y la sensibilidad de los ecosistemas involucrados.
La medida es de carácter cautelar y preventivo, por lo que no constituye una sentencia definitiva sobre las responsabilidades de las empresas ni sobre el fondo de la controversia.
El planteo de Tierra del Fuego
En su presentación, la provincia advirtió que los riesgos asociados a León Marino no se limitan a la disputa de soberanía.
“El riesgo de León Marino no se agota en la controversia de soberanía: comprende también posibles daños a terceros países, responsabilidades ambientales, contingencias financieras y consecuencias sobre recursos naturales compartidos o conectados”, sostuvo Tierra del Fuego.
La provincia también afirmó que el proyecto representa, según su interpretación, una violación de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, vinculada con la prohibición de adoptar modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras continúa la disputa de soberanía.
En ese marco, Tierra del Fuego ratificó su participación en las cuestiones vinculadas con el espacio marítimo y sostuvo que “la Cuestión Malvinas configura una causa central, prioritaria y de la mayor jerarquía para la Provincia de Tierra del Fuego y la Nación Argentina”.
El reclamo del Gobierno nacional
La presentación provincial se produce en paralelo a las acciones impulsadas por el Gobierno nacional contra las compañías involucradas. El 7 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que la Cancillería presentaría una denuncia penal contra varias empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte, entre ellas Navitas y otras sociedades relacionadas con el proyecto.
La Justicia Federal de Río Grande había declarado previamente su competencia para intervenir en la causa contra Rockhopper y Navitas, a partir de una acción preventiva por posible daño ambiental y soberano.
Con su presentación, Tierra del Fuego pidió que la cautelar continúe vigente y que el Estado nacional sea incorporado al expediente, mientras avanza el proceso judicial sobre el proyecto León Marino.
