Ianni pretende que el periodismo no acceda ni informe sobre las causas de corrupción
Junto a otras cuatro senadoras kirchneristas, la senadora presentó un proyecto de ley para limitar el acceso a la prensa a las causas de corrupción. Plantea hasta la anulación de la prisión preventiva de los acusados. Lo llaman “control de convencionalidad”.
Un grupo de senadoras kirchneristas, entre ellas Ana María Ianni presentaron un proyecto de ley para que las prisiones preventivas de los acusados en causas por corrupción sean anuladas si los medios difundieran las acusaciones en su contra. Además de Ianni, firman el proyecto Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara y María Eugenia Catalfamo.
Se trata, lisa y llanamente, una censura a la prensa en causas de corrupción. “Será declarada nula, toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de las personas que no hayan estado sujetas al control del cumplimiento de los “estándares” establecidos en la Convención Interamericana de Derechos. Así se presenta la ley.
Claramente, nadie podría oponerse a semejante planteo. Pero la lectura del proyecto hacia adelante comienza a revelar otra intención. La primera? No es para todos los presos. Sólo para los detenidos por corrupción. Plantea que para ellos (sólo para ellos) el fiscal tiene 72 horas para opinar y el juez, apenas 24 horas para resolver. De no cumplirse esos plazos, la persona deberá ser liberada.
Censura directa
Pero además detalla otros motivos por los cuáles también podría ser anulada una prisión preventiva. “Que se hubiera afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado”. En otras palabras, si la detención surgiera de una investigación periodística o si los medios informaran sobre los motivos de la detención, el posible corrupto puede exigir que lo liberen. Sin excusas, apunta claramente a evitar que la prensa pueda difundir causas de corrupción.
Se agregan otras causales, tan arbitrarias desde el punto de vista de la percepción y que, claramente, están dirigidas a “alivianar” la situación de los principales acusados en causas de corrupción como la de Cuadernos, ya que apunta a los arrepentidos, testigos protegidos e incluso sorteo de jueces.
Agrega el proyecto, como otra causa de nulidad, que algún miembro del Poder Ejecutivo opine “públicamente” sobre la causa, considerándolo una “intromisión”. Y lo propio sobre las corporaciones profesionales. Tendrían vedada la palabra.
Y si esto no alcanzara, se agrega “la inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”. Y para evitar “demoras”, en una propuesta que raya lo inconstitucional, la ley que proponen, niega a la Fiscalía o a la Querella poder apelar las resoluciones que hagan lugar a las nulidades que plantee la defensa sobre la preventiva.
