Avanza lentamente el proyecto para renegociar contratos de obras públicas en Santa Cruz
La iniciativa impulsada por la diputada Adriana Nieto propone incorporar la posibilidad de renegociación contractual en la Ley Provincial N°2743. El objetivo es restablecer el equilibrio económico-financiero de los acuerdos y asegurar el interés público.
Despacho favorable en la comisión de Obras Públicas
Durante la jornada del martes, la comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Santa Cruz dio despacho favorable por mayoría al proyecto de Ley N°087/25, impulsado por la diputada Adriana Nieto, del bloque Por Santa Cruz. La propuesta prevé incorporar un artículo 78 bis a la Ley Provincial N°2743, habilitando la renegociación de contratos de obras públicas.
El proyecto pasó este miércoles a la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde continuará su análisis legislativo.
Qué establece el artículo 78 bis
El nuevo artículo plantea que “las partes gozarán de la facultad de renegociar los contratos regulados por la ley, previa emisión de dictámenes e informes técnicos que justifiquen su ejercicio por parte de la Administración, con el fin de restablecer el equilibrio de la ecuación económica-financiera o asegurar la satisfacción del interés público que motivó su firma”.
Fundamentos del proyecto
Entre los fundamentos del proyecto, se destaca que durante la ejecución de contratos de gran envergadura pueden surgir circunstancias imprevistas que alteren las condiciones económicas inicialmente acordadas o que comprometan la finalidad pública de la obra.
El texto también aclara que esta herramienta no se limita a situaciones de emergencia, sino que se enmarca dentro del régimen común de las relaciones contractuales administrativas, tal como ocurre en el orden federal, donde ya existe jurisprudencia y normativa que avala este mecanismo como parte de una tendencia moderna en la gestión pública.
Un instrumento para mayor eficiencia
Desde el oficialismo remarcan que la iniciativa no implica una excepción, sino que formaliza una práctica reconocida para adaptar los contratos al interés público y a condiciones cambiantes. La posibilidad de renegociar busca evitar la paralización de obras clave o litigios onerosos para el Estado.
