La Cámara falló contra la Fundación Valdocco y respaldó el control del CPE
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial anuló un fallo de primera instancia que había favorecido a la Fundación Valdocco.
El tribunal declaró la improcedencia del amparo y puso en evidencia las irregularidades en la gestión de la institución, respaldando el accionar del Consejo Provincial de Educación (CPE).
Un amparo como atajo judicial
Los camaristas Eduardo G. López y Carlos E. Arenillas sostuvieron que Valdocco utilizó la vía del amparo para obtener fondos millonarios, sueldos y continuidad de tecnicaturas sin cumplir con requisitos elementales de rendición de cuentas. Entre los puntos señalados, la Cámara subrayó que la fundación tiene mandatos vencidos desde 2023, no presenta balances desde hace más de dos años, mantiene designaciones duplicadas y enfrenta una causa penal por inflar la cantidad de beneficiarios —201 declarados frente a 25 verificados—.
Irregularidades graves
La sentencia enumeró un conjunto de faltas críticas:
- Ausencia de rendiciones de fondos públicos desde 2022.
- Inconsistencias en la nómina de personal, con nombramientos irregulares y duplicados.
- Inscripción de alumnos en carreras sin validez nacional.
- Una investigación penal abierta en Caleta Olivia por la administración de recursos alimentarios.
Los jueces calificaron el fallo de primera instancia como “arbitrario y carente de fundamentos”, al ordenar pagos sin verificar previamente el cumplimiento de la fundación.
El rol de los funcionarios
El fallo también marcó un precedente sobre la responsabilidad estatal en el manejo de recursos públicos. La Cámara recordó que los funcionarios tienen la obligación de exigir controles y rendiciones, y que omitir estos procedimientos —como hizo el juez Bersanelli— abre la puerta al descontrol y vulnera la ley.
“La rendición de cuentas no es un mero formalismo, sino una obligación esencial en el manejo de fondos públicos”, subrayaron los magistrados.
Una medida preventiva
Aunque rechazó el amparo, el tribunal dispuso un mecanismo de control: la Fundación Valdocco deberá informar el número real de beneficiarios, mientras que el Estado garantizará la asistencia alimentaria únicamente a esas personas, con obligación de rendir cada gasto.
Un límite al desmanejo
El mensaje de la Justicia fue claro: la vulnerabilidad social no puede usarse como excusa para eludir controles ni para reclamar recursos sin justificación. Cada peso debe destinarse de manera transparente a quienes realmente lo necesitan.
