Pesca ilegal en el Mar Argentino: multan con $ 2.700 millones a dos buques chinos pero podrán seguir operando
El Gobierno aplicó una sanción millonaria contra dos embarcaciones vinculadas a capitales chinos por realizar maniobras de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Aunque la multa marca un endurecimiento de los controles, los buques podrán continuar con sus actividades una vez cumplidas las exigencias administrativas.
La lucha contra la pesca ilegal en el Mar Argentino sumó un nuevo capítulo. La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca sancionó con una multa de aproximadamente $ 2.700 millones a los buques Bao Feng y Bao Win, dos embarcaciones operadas por capitales chinos que fueron detectadas realizando tareas de captura dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.
Las embarcaciones navegaban bajo bandera de Samoa, aunque las investigaciones oficiales las vinculan con empresas de origen chino dedicadas a la pesca de aguas distantes. Según las autoridades, ambos barcos fueron identificados mediante sistemas de monitoreo satelital que permitieron comprobar maniobras compatibles con actividades pesqueras ilegales.
Por qué los buques seguirán pescando pese a la multa
A pesar de la magnitud de la sanción económica, los barcos no quedarán inhabilitados para operar. La legislación vigente contempla sanciones administrativas y económicas, pero no implica automáticamente la prohibición permanente de navegar o pescar una vez regularizada su situación.
Esta situación reabrió el debate sobre la efectividad del esquema sancionatorio frente a una problemática que se repite desde hace años en el Atlántico Sur, donde cientos de embarcaciones extranjeras operan en las inmediaciones de la denominada Milla 201, límite de la jurisdicción marítima argentina.
Potero chino interceptado por autotidad marítima argentina.
La pesca ilegal mueve un negocio millonario
Especialistas estiman que la pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina representa un negocio cercano a USD 1.000 millones anuales, impulsado principalmente por la captura de calamar, uno de los recursos más codiciados por las flotas asiáticas.
El fenómeno involucra a una flota de alrededor de 600 buques extranjeros, que permanecen sobre aguas internacionales pero, según las autoridades, en numerosas ocasiones ingresan ilegalmente a jurisdicción argentina para realizar tareas de pesca.
La tecnología, clave para detectar las infracciones
Uno de los cambios más relevantes implementados por el Gobierno fue el fortalecimiento del control satelital. Gracias al seguimiento electrónico de velocidad, rumbo y permanencia de los buques, la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Pesca pueden reunir pruebas sin necesidad de interceptar físicamente a las embarcaciones.
Las nuevas presunciones legales consideran indicios suficientes de pesca ilegal cuando un barco extranjero navega dentro de la ZEE a velocidades compatibles con maniobras de captura o realiza cambios de rumbo característicos de esa actividad. Este mecanismo permitió avanzar con sanciones que hasta hace poco eran difíciles de aplicar por la complejidad del control marítimo.
Preocupación por el avance de la flota china
Investigadores especializados sostienen que una parte importante de los buques que operan frente a las costas argentinas pertenece a empresas chinas, muchas veces bajo banderas de conveniencia de países como Vanuatu o Samoa, una modalidad que dificulta la identificación de los verdaderos propietarios de las embarcaciones.
Además del impacto económico sobre la industria pesquera nacional, organizaciones ambientales advierten que la sobreexplotación de especies como el calamar genera riesgos para la sostenibilidad del ecosistema marino y reclaman una mayor coordinación internacional para combatir la pesca ilegal en el Atlántico Sur.
Un precedente que busca desalentar nuevas incursiones
Aunque las multas aplicadas representan una de las sanciones más elevadas impuestas hasta el momento por pesca ilegal en aguas argentinas, el desafío continúa siendo fortalecer los mecanismos de fiscalización y cooperación internacional para reducir las incursiones clandestinas.
El Gobierno apuesta a que el uso intensivo de tecnología, sumado al endurecimiento de las sanciones económicas, actúe como un elemento disuasorio frente a una actividad que continúa generando pérdidas millonarias para el país y presión sobre uno de sus principales recursos naturales.
