Reveses en el Senado: los gobernadores dialoguistas le retiran el apoyo al Gobierno y dinamitan la Ley de Tierras
La estrategia legislativa de La Libertad Avanza sufrió un golpe decisivo en la antesala del debate parlamentario. Tras el rechazo explícito de mandatarios provinciales aliados, el oficialismo debió retroceder y retirar el polémico capítulo de extranjerización de tierras para evitar una derrota segura en el recinto.
El tablero político en la Cámara Alta experimentó un giro drástico. A pocas horas de la sesión clave convocada para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el bloque de gobernadores considerados hasta el momento como “dialoguistas” decidió marcar distancia de la Casa Rosada y desarticuló el núcleo central de la reforma: la flexibilización de los límites para la compra de terrenos rurales por parte de capitales extranjeros.
La decisión forzó al oficialismo nacional a reconfigurar su hoja de ruta legislativa de urgencia, resignando una de las iniciativas económicas estructurales más resistidas por el arco federal del interior del país.
El quiebre del poroteo legislativo y el rol de los mandatarios provinciales
La fragilidad numérica del oficialismo en el Senado quedó expuesta cuando las terminales políticas de las provincias comenzaron a expresar su descontento de forma pública. Aunque la administración central había ensayado modificaciones de última hora —intentando fijar un tope del 25 % de la superficie provincial en manos extranjeras en lugar de una liberación absoluta—, la propuesta no logró contener la resistencia de los gobernadores.
Mandatarios como el neuquino Rolando Figueroa y el tucumano Osvaldo Jaldo, seguidos por otras terminales provinciales, salieron a desmarcarse de los acuerdos previos. La advertencia de que sus representantes legislativos votarían en contra dinamitó los cálculos iniciales del interbloque oficialista, que ya no contaba con el número mágico de 37 voluntades necesarias para garantizar la sanción en general y en particular.
«No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional», resumió el bloque de resistencia federal, evidenciando el costo político que implicaba respaldar una medida de alto voltaje simbólico y económico para las economías regionales.
Impacto económico y repliegue oficial en el Congreso
Ante la imposibilidad de reunir el quorum y los votos favorables necesarios, la conducción de la bancada oficialista optó por desgajar el articulado conflictivo. La decisión de excluir la reforma a la Ley de Tierras —que también contemplaba la revisión de los límites por hectárea en zonas núcleo y la flexibilización en áreas de frontera— buscó blindar el resto del paquete normativo para evitar una fractura expuesta en el Senado.
Con este retroceso táctico, el Gobierno nacional cede terreno frente a los reclamos de los mandatarios provinciales, quienes ratifican su rol de árbitros indispensables en el sistema bicameral y dejan en evidencia que cualquier intento de reestructuración económica profunda requerirá, indefectiblemente, de un consenso político federal mucho más amplio.
