Impuesto a los combustibles: la pelea por los fondos para las rutas vuelve a tensar al Gobierno con las provincias
El destino de la recaudación del impuesto a los combustibles reavivó el enfrentamiento entre la Casa Rosada y los gobernadores. Las provincias cuestionan que parte de los recursos con asignación específica no llegue al mantenimiento vial, mientras el Gobierno reconoce que una porción fue utilizada dentro de la estrategia para sostener el superávit fiscal.
La discusión por el impuesto a los combustibles volvió a ocupar un lugar central en la relación entre el Gobierno de Javier Milei y las provincias. El eje del conflicto está en el destino de los recursos que, según la normativa vigente, tienen una asignación específica para infraestructura y transporte, especialmente para el mantenimiento de las rutas nacionales.
De acuerdo con un informe de la consultora Galois citado por Ámbito, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires habrían recibido $ 784.290 millones adicionales entre enero y julio de 2026 si una parte de esos fondos se hubiera distribuido mediante el régimen de coparticipación federal.
El reclamo no es nuevo. Los gobernadores ya habían presentado en 2025 un proyecto conjunto para modificar el esquema de distribución del tributo y avanzar hacia un mecanismo coparticipable. La iniciativa busca reducir el margen de discrecionalidad de Nación sobre esos recursos.
Qué porcentaje del impuesto a los combustibles debe ir a las rutas
El conflicto se concentra en una porción específica de la recaudación. El 28,5 % del impuesto debe destinarse al mantenimiento de infraestructura de transporte nacional, mientras que el 14,25 % tiene como finalidad específica el sistema vial nacional.
Las provincias sostienen que esos recursos no estarían siendo utilizados en su totalidad para el objetivo previsto por la legislación, una situación que consideran especialmente grave frente al deterioro de numerosas rutas nacionales.
Un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG) sostiene que la Dirección Nacional de Vialidad utilizó apenas el 33 % de los fondos recaudados por el impuesto con asignación específica. El estudio calcula que existiría una diferencia de aproximadamente $ 1,35 billones entre los recursos asociados al tributo y lo efectivamente utilizado por Vialidad Nacional.
El Gobierno admite el uso de fondos para sostener el superávit
La discusión tomó una dimensión política luego de que desde el oficialismo se reconociera que parte de los recursos no fue destinada directamente al mantenimiento de las rutas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que no podía precisar qué proporción del impuesto se destinaba a infraestructura vial, aunque afirmó que una parte sí se utilizaba para ese objetivo. Según su explicación, el resto quedaba bajo la órbita del Ministerio de Economía como parte de la estrategia para alcanzar el equilibrio fiscal.
El dato alimentó las críticas de los gobernadores, que consideran que una recaudación con destino específico no debería utilizarse para otros fines, incluso dentro de una política de reducción del déficit.
Cuánto aumentó el peso del impuesto en el precio de la nafta
El debate también alcanza directamente al precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
Según el relevamiento del Instituto Argentina Grande, el componente impositivo de la nafta súper pasó, en términos reales, de $ 116 por litro en noviembre de 2023 a $ 400 en julio de 2026.
Al mismo tiempo, la participación de ese componente sobre el precio final habría aumentado del 8,9 % al 19,25 % durante el mismo período.
Para los distritos, el problema es doble: sostienen que los automovilistas pagan un impuesto cuyo destino específico no se estaría cumpliendo plenamente y, al mismo tiempo, las provincias deben afrontar mayores costos vinculados con infraestructura y mantenimiento vial.
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las provincias que más reclaman fondos
El informe de Galois estimó cuánto habría recibido cada distrito si los recursos destinados a infraestructura y transporte se hubieran distribuido bajo un esquema de coparticipación.
Buenos Aires aparece en primer lugar, con unos $ 166.359 millones adicionales. Le siguen Santa Fe, con $ 67.704 millones, y Córdoba, con $ 67.266 millones.
También se destacan Chaco, con $ 37.792 millones; Entre Ríos, con $ 36.989 millones; y Tucumán, con $ 36.041 millones.
El reclamo adquiere así una dimensión fiscal: para las provincias, modificar el mecanismo de distribución permitiría incorporar recursos a sus presupuestos en un contexto de fuertes demandas sobre infraestructura y servicios.
El conflicto por las rutas suma un frente judicial
La Justicia ordenó al Estado Nacional reparar de manera urgente las rutas nacionales 7, 8 y 33 en determinados tramos de Santa Fe, luego de considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de las obligaciones de conservación.
El conflicto por los fondos para las rutas se suma así a una discusión más amplia entre Nación y las provincias por la distribución de recursos. Para los gobernadores, el impuesto a los combustibles se convirtió en una de las principales herramientas para reclamar mayor participación fiscal. Para la Casa Rosada, el manejo de los recursos forma parte de una estrategia que tiene como prioridad preservar el equilibrio de las cuentas públicas.
