El Gobierno reordena la minería: deroga nueve resoluciones y elimina programas del sector
La Secretaría de Minería dejó sin efecto un paquete de normas vigentes desde 2008 hasta 2022. La medida alcanza mecanismos de transferencias a provincias y municipios, programas de minería social, monitoreo ambiental, análisis de importaciones y políticas de género. El Ejecutivo sostiene que busca simplificar la estructura estatal y reducir la burocracia, aunque la decisión abre interrogantes sobre la continuidad de determinadas políticas sectoriales.
La política minera argentina atraviesa un nuevo proceso de reordenamiento normativo. A través de la Resolución 64/2026, la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Economía, derogó nueve resoluciones que habían dado marco a distintos programas y mecanismos de intervención estatal en la actividad. La norma fue firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, y publicada en el Boletín Oficial el 12 de agosto.
La decisión forma parte del proceso de simplificación administrativa, racionalización del gasto y desregulación impulsado por el Gobierno nacional. Según los fundamentos oficiales, varias de las estructuras alcanzadas habían perdido vigencia, quedado obsoletas o dejado de resultar compatibles con los actuales objetivos de política pública.
Qué programas y resoluciones fueron derogados
El paquete normativo abarca disposiciones dictadas durante distintas administraciones y comprende instrumentos vinculados con aspectos financieros, productivos, sociales, ambientales y de comercio exterior.
Entre las normas eliminadas se encuentran las resoluciones 55/2008 y 134/2008, que regulaban transferencias de fondos a provincias, municipios y otros organismos. También fue derogada la Resolución 36/2020, vinculada con la adaptación del Plan Nacional de Minería Social durante la emergencia sanitaria.
La medida alcanza además a la Resolución 47/2020, que había creado el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, y a la Resolución 138/2020, mediante la cual se había establecido una Mesa Técnica destinada al análisis de importaciones del sector.
Otro de los instrumentos eliminados es la Resolución 255/2021, que había creado la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas. A esto se suman las resoluciones 50/2022 y 53/2022, relacionadas con rendiciones de fondos y con un proyecto federal destinado a fortalecer las capacidades provinciales de monitoreo de variables ambientales de la minería.
El argumento del Gobierno: menos burocracia y mayor seguridad jurídica
La Secretaría de Minería justificó el reordenamiento en los principios establecidos por la Ley de Bases, que contempla la optimización del funcionamiento del Estado y la reducción de estructuras consideradas sobredimensionadas.
En los fundamentos de la Resolución 64/2026, el Gobierno plantea la necesidad de avanzar hacia un esquema con mayor coherencia, simplicidad y seguridad jurídica, eliminando normas que dejaron de cumplir una función efectiva o cuyos objetivos pueden ser atendidos mediante mecanismos diferentes.
La administración nacional también sostiene que la eliminación de estructuras superpuestas permitirá racionalizar recursos y reducir cargas administrativas sobre las empresas mineras.
Uno de los casos señalados es la Mesa Técnica de Análisis de Importaciones, cuya desaparición apunta a reducir instancias de intervención estatal en el ingreso de maquinaria, equipos e insumos destinados a la actividad minera.
Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.
Minería e inversiones: el Gobierno busca un marco regulatorio más simple
El cambio se produce mientras la Argentina intenta consolidar a la minería como uno de los sectores estratégicos para atraer inversiones, particularmente en minerales como litio, cobre y oro.
Desde esa perspectiva, la eliminación de normas consideradas obsoletas busca ofrecer un marco regulatorio más sencillo para los proyectos de inversión. La estrategia se complementa con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que constituye uno de los principales instrumentos del Gobierno para atraer capital hacia propuestas de gran escala.
La apuesta oficial consiste en reducir la intervención administrativa y concentrar la acción estatal en aquellas funciones que considera esenciales para el desarrollo de la actividad.
El punto sensible: minería social y control ambiental
Sin embargo, el reordenamiento también plantea interrogantes sobre las políticas que quedan sin una estructura específica.
Uno de los principales puntos de atención es la eliminación de instrumentos vinculados con la minería social y el programa Huellas Mineras, que contemplaban mecanismos de asistencia y seguimiento para emprendimientos de menor escala.
La derogación también alcanza el proyecto federal destinado a fortalecer las capacidades provinciales para el monitoreo de variables ambientales. En este caso, la propia resolución aclara que esas funciones deberán ser reemplazadas por mecanismos alternativos considerados más eficientes.
El desafío para las autoridades será, por lo tanto, determinar cómo se garantizarán esas tareas en un escenario en el que desaparecen los programas específicos que las contemplaban.
Los convenios vigentes no quedan anulados
Un aspecto central de la nueva normativa es que la derogación de las resoluciones no implica la cancelación de los compromisos ya asumidos.
El artículo 2° de la Resolución 64/2026 establece expresamente que los derechos y obligaciones derivados de convenios suscriptos bajo las normas anteriores continuarán vigentes. También deberán mantenerse las correspondientes rendiciones de cuentas y, cuando corresponda, las acciones de recupero de fondos.
De esta manera, el Gobierno busca diferenciar entre la eliminación de los programas y estructuras normativas hacia adelante y las obligaciones que ya fueron generadas por convenios y proyectos aprobados.
Una nueva etapa para la política minera argentina
La derogación de estas nueve resoluciones representa un nuevo paso en la transformación del esquema de gestión minera nacional. El Gobierno procura pasar de una estructura conformada por numerosos programas específicos hacia un modelo con menos instrumentos administrativos y mayor protagonismo de las reglas generales de inversión y funcionamiento del mercado.
El resultado de este proceso dependerá, en buena medida, de cómo se implementen los mecanismos que sustituyan las funciones eliminadas. Para las empresas, la simplificación puede traducirse en menores trabas y mayor previsibilidad. Para las provincias y los actores vinculados con la minería de pequeña escala, el desafío será conocer qué herramientas quedarán disponibles para sostener la asistencia, el monitoreo y la coordinación federal.
En definitiva, el reordenamiento normativo de la minería no se limita a una limpieza administrativa: también redefine el alcance de la intervención del Estado en uno de los sectores que el Gobierno considera clave para atraer inversiones y generar divisas.
