Cerro Negro: Santa Cruz volvió a exigir a Newmont el cumplimiento de los requerimientos de las inspecciones
El Gobierno de Santa Cruz mantuvo una nueva reunión con directivos de Newmont para revisar las actas y requerimientos surgidos de las últimas inspecciones al proyecto minero Cerro Negro. Las autoridades remarcaron los plazos de cumplimiento y las obligaciones vinculadas con ambiente, seguridad, trabajo, recursos hídricos y normativa minera.
Autoridades del Gobierno de Santa Cruz mantuvieron este martes una reunión de trabajo con representantes de Newmont, empresa operadora del proyecto minero Cerro Negro, ubicado en las cercanías de Perito Moreno.
El encuentro tuvo como eje el seguimiento de las actas y requerimientos formulados por distintos organismos provinciales durante las últimas inspecciones realizadas en el emprendimiento minero.
La reunión fue encabezada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos. También participaron funcionarios de las áreas de Minería, Recursos Hídricos, Fiscalización y Control Ambiental, Trabajo y Seguridad Social y Transporte.
Qué reclamó la Provincia a Newmont por Cerro Negro
Durante la mesa de trabajo, las autoridades revisaron junto con los representantes de la compañía las distintas actas confeccionadas por los entidades gubernamentales y los emplazamientos establecidos a partir de los controles.
Las inspecciones abarcaron diferentes aspectos de la operación, entre ellos:
– Policía minera
– Fiscalización ambiental
– Recursos hídricos
– Transporte
– Condiciones laborales
– Seguridad social
– Seguridad vinculada con la actividad minera
Desde el Gobierno provincial remarcaron que los requerimientos asentados en las actuaciones llevadas a cabo deben ser cumplidos por Newmont dentro de los plazos determinados por cada autoridad de aplicación, de acuerdo con la normativa vigente.
Control ambiental, seguridad y actividad minera
En el desarrollo del encuentro también se destacó la necesidad de sostener un diálogo permanente entre la Provincia y la empresa para realizar un seguimiento de las condiciones en las que desenvuelve la actividad.
Según informó oficialmente el Gobierno santacruceño, ese seguimiento comprende las obligaciones relacionadas con seguridad, ambiente, trabajo, recursos hídricos, transporte y cumplimiento de la normativa minera.
La administración provincial señaló, además, que las labores deben desarrollarse bajo el control de los organismos competentes y dentro del marco regulatorio imperante.
Newmont y el esquema laboral 90/10 en Santa Cruz
Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación de trabajadores con radicación en Santa Cruz, bajo el denominado esquema 90/10.
Las autoridades también repasaron otras obligaciones laborales y administrativas vinculadas con la operación de Cerro Negro.
El Gobierno provincial indicó que el objetivo es garantizar que el desarrollo de la actividad minera se ajuste a las condiciones establecidas y a las normas vigentes en el territorio santacruceño.

Newmont tendrá reuniones con sindicatos y proveedores
La agenda de la empresa en Santa Cruz incluyó, además, entrevistas con representantes sindicales y actores vinculados con la cadena de proveedores mineros.
Entre los encuentros pautados figuran los correspondientes al Sindicato de Camioneros, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Seccional Santa Cruz, ASIMRA, UOCRA Seccional Santa Cruz y UPSAP.
También están contempladas conversaciones con representantes de ANDEMIRA, funcionarios de la Secretaría de Estado de Comercio y miembros de CAPPEMA, entidad que agrupa a proveedores de insumos y prestadores de servicios de distintos sectores económicos de la provincia.
El seguimiento provincial sobre Cerro Negro
La reunión forma parte del seguimiento que el Gobierno de Santa Cruz realiza sobre los proyectos productivos asentados en territorio provincial.
En el caso de Cerro Negro, el Ejecutivo puso el foco en el cumplimiento de las observaciones surgidas de las inspecciones y en la obligación de la operadora de responder dentro de los plazos establecidos por los organismos de control.
El Gobierno santacruceño ratificó así que la continuidad de la actividad minera debe desarrollarse dentro del marco de las normas vigentes y bajo fiscalización de las autoridades competentes por jurisdicción.
