Malvinas: el Gobierno argentino presentó una protesta formal contra el Reino Unido por las licencias petroleras
La Cancillería cuestionó la extensión de licencias hidrocarburíferas otorgadas por autoridades británicas en las Islas Malvinas y advirtió que esas actividades afectan los recursos naturales del área en disputa. El reclamo se inscribe en la estrategia diplomática argentina para objetar la explotación unilateral de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
El Gobierno argentino presentó una nueva protesta formal ante el Reino Unido por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las Islas Malvinas, en un capítulo más de la disputa por la soberanía del archipiélago y los recursos naturales del Atlántico Sur.
La posición oficial sostiene que las actividades petroleras impulsadas bajo licencias británicas se desarrollan sobre un área bajo histórica controversia y que, por lo tanto, no deberían avanzar de manera unilateral.
La cuestión forma parte de una política sostenida de la Cancillería, que durante los últimos años realizó distintas presentaciones diplomáticas frente a decisiones vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en zonas adyacentes.
Qué cuestiona Argentina de las licencias petroleras
El reclamo argentino se concentra en la autorización de actividades direccionadas a la búsqueda y extracción hidrocarburos mediante licencias otorgadas por las autoridades británicas de las Islas.
Para la Argentina, estas medidas implican una utilización unilateral de recursos naturales que se encuentran en espacios marítimos sujetos a la discusión por soberanía.
La Cancillería recordó que el país cuenta con legislación específica que establece sanciones para personas y empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin anuencia de las autoridades nacionales.
La disputa por el petróleo de Malvinas
El desarrollo de proyectos petroleros alrededor de las Malvinas constituye, desde hace años, uno de los principales puntos de tensión económica enmarcado en un conflicto por soberanía.
Argentina y el Reino Unido mantuvieron históricamente posiciones diferentes respecto de la exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental. Un acuerdo firmado en 1995 contempló la posibilidad de cooperación en materia petrolera bajo una fórmula de salvaguarda de soberanía, pero las diferencias sobre el alcance territorial del entendimiento impidieron consolidar ese esquema.
Sea Lion, el proyecto petrolero que volvió a poner el foco en Malvinas
El escenario cobró mayor relevancia a partir del avance del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La Cancillería informó recientemente que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum anunciaron su denominada “Decisión Final de Inversión” . El Gobierno argentino cuestionó tanto esa decisión como las licencias y otras medidas vinculadas con la actividad hidrocarburífera.
Desde la perspectiva argentina, el avance de estos proyectos puede comprometer recursos no renovables en una zona cuya soberanía continúa siendo objeto de controversia.
El Gobierno endureció las medidas contra empresas petroleras
Además de las protestas diplomáticas, la administración argentina informó que profundizó las medidas destinadas a advertir a empresas e inversores sobre las consecuencias legales de participar en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por el Estado argentino.
Según la Cancillería, se enviaron cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas y empresas ubicadas en 30 países y se iniciaron alrededor de 60 procedimientos administrativos.
El Gobierno también sostiene que la legislación argentina, junto con las normas del derecho internacional que invoca en la disputa, constituye el marco para cuestionar la participación de compañías en proyectos hidrocarburíferos próximos a las Islas.
La posición argentina ante el Reino Unido
La protesta se suma a una serie de presentaciones diplomáticas realizadas por la Argentina frente a decisiones británicas relacionadas con las Malvinas.
La Cancillería sostiene que las acciones unilaterales sobre los recursos naturales de las islas y sus espacios marítimos resultan incompatibles con la posición argentina sobre la soberanía y con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa.
