RIGI: Nación busca ampliar las compras nacionales de las mineras y abre un nuevo debate con las provincias
El Gobierno inició una ronda de negocios para vincular grandes proyectos con proveedores argentinos, mientras las provincias mineras reclaman mayor participación de sus empresas locales.
El Gobierno nacional busca que los proyectos beneficiados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incrementen sus compras a proveedores argentinos y generen mayor participación de la industria nacional. La estrategia incluye una serie de rondas de negocios que comenzará el 29 de octubre en Rosario.
La iniciativa se conoció después de una reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con representantes de proyectos mineros como Vicuña, Glencore y Rio Tinto.
Según informó oficialmente el Ministerio de Economía, el 86% de lo invertido por los proyectos RIGI se destina a empresas nacionales y más de 1.200 proveedores ya participan de las cadenas de suministro. La primera ronda reunirá a 28 compañías con proyectos RIGI aprobados o en evaluación y a proveedores de bienes y servicios de todo el país.
El régimen establece además un compromiso mínimo de 20% de contratación de proveedores locales para los proyectos, siempre que exista oferta disponible y en condiciones de mercado. La normativa define como proveedores locales a empresas constituidas y domiciliadas en el país bajo los requisitos establecidos por la reglamentación.
Las rondas de negocios que impulsa Nación
El primer encuentro se realizará en Rosario y buscará conectar a los grandes inversores con empresas proveedoras de distintas provincias.
La propuesta apunta a que las compañías conozcan con anticipación los cronogramas de inversión de los proyectos y puedan preparar ofertas, asociaciones y capacidades productivas para participar de futuras contrataciones.
Además de las rondas comerciales, habrá asistencia técnica del INTI y espacios destinados a que las empresas puedan conocer las condiciones necesarias para incorporarse a las cadenas de valor de los proyectos RIGI.
El Gobierno pretende así ampliar el universo de empresas que participan de las inversiones y aumentar el impacto de los proyectos sobre la actividad industrial argentina.
El caso Vicuña y el debate por las importaciones
El debate cobró mayor visibilidad a partir de una contratación vinculada con Vicuña, el megaproyecto de cobre que avanza en San Juan.
La compañía adjudicó por unos US$52 millones la construcción de una nueva etapa del campamento Batidero a un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la argentina RAFA S.A. La propuesta desplazó a una oferta nacional de aproximadamente US$70 millones.
El contrato generó cuestionamientos de proveedores y cámaras empresariales de San Juan, que plantearon el impacto que la decisión puede tener sobre la industria local. La empresa, por su parte, defendió el proceso de licitación y destacó la participación de proveedores argentinos en sus operaciones.
El caso puso en primer plano una discusión más amplia: cómo compatibilizar la posibilidad de importar bienes y componentes bajo el RIGI con el objetivo de desarrollar proveedores y capacidades productivas dentro del país.
La normativa permite determinadas importaciones asociadas a los proyectos y, al mismo tiempo, establece el compromiso de contratación de proveedores locales. El 20% previsto por el régimen, por lo tanto, no implica que la totalidad de los bienes utilizados por una minera deba fabricarse en Argentina.
El reclamo de la industria nacional
La discusión también involucra a las cámaras industriales, que reclaman condiciones para que los fabricantes argentinos puedan competir por los grandes contratos mineros.
Uno de los principales puntos de debate es la diferencia de costos entre productos nacionales e importados, especialmente en bienes de alto valor y grandes volúmenes.
Para la industria, el desafío no pasa solamente por aumentar el porcentaje de compras nacionales, sino por generar condiciones para que las empresas locales puedan conocer con anticipación las necesidades de los proyectos, asociarse, acceder a financiamiento y alcanzar la escala necesaria.
Las rondas de negocios buscan precisamente anticipar esa demanda y conectar a los inversores con fabricantes y prestadores antes de que se definan las contrataciones.
La tensión con las provincias mineras
El impulso nacional abre, a su vez, una discusión con las provincias donde se desarrollan los proyectos.
Para la Nación, el objetivo es incrementar el contenido nacional de las inversiones. Para provincias como San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Salta y Jujuy, el desafío adicional consiste en lograr que una parte significativa de esa actividad quede en sus propios territorios.
La diferencia es relevante: una contratación a una empresa argentina puede computar como compra nacional, pero no necesariamente implica que la fabricación, el empleo o la inversión se produzcan en la provincia donde está instalada la mina.
Por eso, las jurisdicciones mineras buscan desarrollar sus propios registros de proveedores, políticas de empleo y mecanismos de promoción de empresas locales.
El punto de tensión aparece cuando esas políticas provinciales intentan establecer condiciones de contratación que pueden entrar en contacto con las reglas nacionales del RIGI y con la necesidad de las empresas de acceder a proveedores competitivos.
El desafío de medir el desarrollo local
El debate plantea también cómo debería medirse el impacto económico de las grandes inversiones.
No alcanza necesariamente con determinar dónde está radicada una empresa. También pueden considerarse variables como el lugar de fabricación, la cantidad de trabajadores contratados, la inversión realizada, la incorporación de tecnología y el desarrollo de capacidades que permanezcan en la región.
En ese esquema, una asociación entre una empresa nacional con capacidad técnica y una pyme provincial podría permitir combinar escala con desarrollo local.
La discusión adquiere especial relevancia en proyectos mineros de gran magnitud, donde los contratos de construcción, infraestructura, transporte, servicios y equipamiento pueden movilizar cadenas de proveedores durante varios años.
Una nueva etapa para el RIGI
Con las rondas de negocios, el Gobierno busca que los beneficios otorgados por el RIGI estén acompañados por una mayor integración de empresas argentinas.
La primera jornada en Rosario funcionará como punto de partida para una serie de encuentros destinados a acercar la demanda de los grandes proyectos con la oferta de proveedores nacionales.
El desafío será coordinar esa política con las provincias mineras, que buscan que el crecimiento de la actividad no se limite a las inversiones y exportaciones, sino que también genere empleo, proveedores y capacidades productivas en los territorios donde se desarrollan los proyectos.
Así, el debate que abrió el caso Vicuña trasciende una licitación puntual: pone en discusión cómo se distribuirá el impacto económico de las grandes inversiones mineras y qué lugar tendrán los proveedores argentinos y provinciales dentro de las cadenas de valor del RIGI.
Fuente: Minería & Desarrollo
