El riesgo país pone bajo revisión el financiamiento y la rentabilidad de proyectos mineros
El encarecimiento del crédito puede obligar a actualizar las factibilidades económicas, aumentar los aportes de capital y postergar decisiones de construcción.
La suba del riesgo país suma presión sobre los proyectos mineros argentinos que necesitan reunir financiamiento para avanzar hacia la construcción.
El viernes 2 de octubre, el indicador cerró en 655 puntos básicos, frente a los 609 puntos de una semana antes, según Rava Bursátil. El incremento refleja una mayor exigencia de rendimiento sobre la deuda argentina y endurece el contexto financiero en el que las compañías evalúan sus inversiones.
El riesgo país surge de comparar el rendimiento de los bonos soberanos argentinos con títulos de referencia del Tesoro de Estados Unidos. Los 655 puntos equivalen a 6,55 puntos porcentuales adicionales, aunque no representan una tasa que se aplique automáticamente a los préstamos mineros.
El impacto sobre cada proyecto depende de su estructura de financiamiento, del respaldo de la compañía y de las condiciones negociadas con bancos e inversores.
Factibilidades calculadas con otros supuestos
Los estudios de factibilidad económica estiman si un proyecto puede generar un retorno suficiente a partir de determinadas hipótesis de producción, precios, inversión y costos.
Esa evaluación corresponde a un escenario específico y no garantiza que las condiciones se mantengan hasta el inicio de las obras. Si un estudio fue elaborado con tasas de financiamiento más bajas o con otros valores para salarios, energía, insumos, tipo de cambio y servicios locales, sus resultados pueden requerir una actualización.
La inflación y la evolución cambiaria también deben analizarse en conjunto. Si los costos en pesos aumentan más que el dólar, los gastos medidos en moneda estadounidense pueden incrementarse. El efecto, sin embargo, debe calcularse para cada proyecto y no atribuirse automáticamente a la evolución del riesgo país.
Qué variables pueden cambiar
El costo de construir una mina y el costo de conseguir el financiamiento son variables diferentes. Una suba de las tasas no encarece directamente una máquina o una obra, pero puede aumentar los intereses durante la construcción y el capital necesario antes de que el proyecto comience a generar ingresos.
Por ejemplo, de manera hipotética, dos puntos porcentuales adicionales sobre una deuda de US$1.000 millones representarían US$20 millones más de intereses anuales mientras ese monto permanezca íntegramente adeudado. El efecto concreto depende del calendario de desembolsos, las amortizaciones y las condiciones pactadas.
También puede modificarse el valor actual neto (VAN) de un proyecto. Si aumenta la tasa utilizada para descontar los flujos futuros y reflejar el costo y el riesgo del capital, el valor presente de esos ingresos disminuye, aun cuando las previsiones de producción permanezcan sin cambios.
La rentabilidad bajo revisión
Existe una diferencia entre la tasa de descuento y la tasa interna de retorno (TIR). Elevar únicamente la tasa de descuento no modifica la TIR calculada a partir de los flujos de fondos del proyecto, pero puede hacer que ese rendimiento resulte insuficiente frente al retorno mínimo exigido por los inversores.
Si además aumentan los costos de construcción, los gastos operativos o el plazo de ejecución, sí se modifican los flujos económicos y puede reducirse la rentabilidad proyectada.
El mayor costo del endeudamiento también puede afectar el retorno de los accionistas, dependiendo de la proporción de deuda utilizada para financiar el desarrollo.
Por eso, una factibilidad favorable elaborada bajo condiciones anteriores no implica que la decisión de construir esté asegurada.
Del estudio a la construcción
El impacto financiero también varía según el tipo y la etapa del proyecto. Una compañía multinacional con recursos propios y operaciones en distintos países puede disponer de más alternativas que una empresa que depende principalmente de préstamos o de nuevos socios.
Incluso cuando existe capital propio, la inversión debe competir con otros destinos posibles y ofrecer un retorno acorde con los riesgos asumidos.
La exposición también es diferente según la etapa: una mina en producción cuenta con ingresos operativos, mientras que un proyecto en construcción debe afrontar grandes desembolsos antes de comenzar a vender. En exploración, una mayor cautela de los inversores puede dificultar las ampliaciones de capital destinadas a sostener nuevas campañas.
La suba del riesgo país tampoco modifica automáticamente los intereses de una deuda ya contratada a tasa fija. El impacto puede aparecer al buscar nuevos préstamos, refinanciar vencimientos o cubrir necesidades adicionales de fondos.
El RIGI no elimina el costo financiero
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece beneficios tributarios y aduaneros y estabilidad fiscal por 30 años, de acuerdo con el marco oficial.
Estas condiciones pueden mejorar la evaluación económica de un proyecto minero, pero no fijan el costo del crédito ni garantizan que bancos, fondos o socios aporten los recursos previstos.
Si una actualización de las cuentas reduce el retorno por debajo del nivel requerido, una compañía puede evaluar alternativas como aumentar el capital propio, incorporar socios, modificar etapas del proyecto o postergar la construcción.
La existencia de esas opciones no implica que un proyecto determinado vaya a demorarse: la decisión depende de la situación financiera y operativa de cada compañía.
El impacto sobre proveedores y regiones
Para las provincias mineras y sus proveedores, una eventual postergación de las decisiones de construcción puede trasladarse al cronograma de obras, compras de equipos y contratación de trabajadores.
También puede retrasar el inicio de la producción y, con ello, las exportaciones y los ingresos fiscales vinculados con la actividad.
En este escenario, la evaluación de cada proyecto debe diferenciar el efecto del costo financiero de otros factores que inciden sobre la rentabilidad, como los precios de los minerales, los costos de construcción y operación, el tipo de cambio y las exigencias técnicas y ambientales.
La cuestión central es cuánto margen conserva cada desarrollo cuando se actualizan las condiciones bajo las cuales deberá financiarse y construirse. Esa revisión permite determinar si la rentabilidad prevista sigue siendo suficiente y qué estructura de capital necesita cada proyecto para avanzar.
